Las últimas denuncias laborales en la variante de Hernani reactivan la tramitación de una norma foral
ELA cree que existe consenso político para blindar el convenio de gipuzkoa La central buscará implicar al nuevo Gobierno Vasco, otras diputaciones y consistorios
Las últimas denuncias realizadas por el sindicato ELA sobre incumplimiento de las condiciones laborales de aplicación obligada a los trabajadores de la variante de Hernani, han reactivado los esfuerzos institucionales -el PSE ha registrado en las Juntas preguntas a la diputada de Infraestructuras- para poner en marcha una iniciativa lanzada por el sindicato mayoritario vasco, que plantea convertir en norma foral la obligatoriedad de aplicar el convenio territorial en las obras sufragadas con dinero público. De este modo, se pretende que lo recogido en los pliegos de condiciones del tramo Antzuola-Bergara de la Beasain-Durango (GI-632) -se contemplan por primera multas a las empresas por no cumplir con el convenio- se convierta en norma foral.
Desde el lanzamiento de esta propuesta el 28 de septiembre de 2012, el sindicato ELA ha solicitado reuniones a todos los partidos políticos presentes en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Hasta la fecha se ha reunido con el PNV (Markel Olano y Eider Mendoza), PSE (Julio Astudillo y Rafaela Romero), Aralar (Rebeka Ubera) y Bildu, así como con la diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte. Solo falta el PP. A todos ellos, ELA les explicó "lo que está ocurriendo en todas las obras públicas de Gipuzkoa" y les ha pedido que apoyen la norma foral.
"Tras las reuniones podemos decir que existe la mayoría suficiente para que esta norma foral salga adelante", añade el responsable de la construcción de ELA en Gipuzkoa, Igor San José, que tiene "evidencias, y así se las hemos hecho saber a los partidos y a la propia Diputación", de que, "a día de hoy, el fraude y la explotación laboral existe en todas las obras públicas del territorio", lo que "supone una competencia desleal" muy perjudicial entre empresas.
El propio responsable sindical del sector de la construcción asegura que, "de aplicarse el convenio de Gipuzkoa en las obras públicas, no existiría tanta competencia desleal entre las empresas y muchas de ellas, respetuosas con la ley, no se hubieran cerrado". Además, señala San José, "se recaudaría más en las arcas públicas y se generaría más empleo". En su opinión, "la no aplicación del convenio comienza" en el preciso instante en que "se adjudica muy por debajo de lo licitado (31% menos del precio base en la variante de Hernani).
a todas las instituciones En esta cruzada "contra la explotación laboral", ELA considera que lo ocurrido en la variante de Hernani, a pesar de ser obligatorio el cumplimiento del convenio, "nos da más la razón para que se recojan sanciones duras en caso de incumplimiento en los pliegos de condiciones (como el acuerdo alcanzado por ELA y la Diputación para la obra de Antzuola-Bergara).
Por ello, añade San José, "exigimos al resto de instituciones públicas que recojan en los pliegos de condiciones la obligatoriedad de la aplicación del convenio de la construcción de cada territorio y, en caso de incumplimiento, las sanciones correspondientes (tal y como lo acordado con la Diputación de Gipuzkoa para las próximas obras). Según ELA, "de no sancionar el incumplimiento, las empresas vuelven a incumplir, como ha pasado en Hernani; y se fomenta la piratería".
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