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| Responsables de la construcción de ELA en Gipuzkoa |
Jornadas de doce horas que exceden la legalidad vigente e incluso que llegan a las 17 horas y salarios de 5 o seis euros por hora trabajada cuando el sueldo medio del convenio de Gipuzkoa asciende a 15 euros. Una situación que propicia, según las centrales, «funestas medidas de seguridad y salud laboral que se traducen en ocasiones en accidentes mortales que podrían ser perfectamente evitables».
Para los sindicatos nacionalistas esta es una realidad que se ha convertido en moneda corriente en la mayoría de las obras de construcción de Gipuzkoa derivada del incumplimiento del convenio provincial, mientras que la patronal Adegi-Ascongi, señala que el convenio se cumple en todas las empresas del territorio, salvo alguna excepción, y que con la legalidad vigente las de fuera pueden aplicar el de su empresa o incluso del país de origen, en el caso de las extranjeras. Eso sí, admite que en estos casos, los salarios son de media un 30% inferiores a los del territorio.
Tanto los sindicatos como la patronal e incluso la Administración vasca reconocen que las condiciones salariales de los trabajadores del sector se han deteriorado como consecuencia de la crisis por la fuerte competencia de las empresas que provienen de fuera de Gipuzkoa. Y aunque el diagnóstico puede ser parecido, aunque con matizaciones significativas, unos y otros discrepan profundamente respecto a la búsqueda de soluciones. Así, ELA y LAB, que cuentan con el 75% de representación en el sector, apuestan por introducir en el convenio provincial de la construcción una claúsula por la que se sancione a aquellas empresas que no cumplan el convenio del territorio. La patronal se niega tajantamente a esta cuestión porque entiende que el propio convenio obliga a su cumplimiento y que las sanciones no harían sino echar más piedras sobre el tejado de las empresas guipuzcoanas, a quienes ya les resulta muy complicado competir con las de fuera, ya que éstas seguirían aplicando el suyo.
Fue precisamente esta cuestión la que bloqueó el año pasado las negociaciones del convenio provincial de la Construcción de Gipuzkoa, que finalizó en 2009, lo que llevó a los sindicatos a poner en marcha diversas movilizaciones.
En estos momentos, LAB está llevando a cabo una campaña simbólica con la colocación de carteles en las obras en las que se 'prohibe el paso a cualquier convenio ajeno a la obra', imitando el lema y la imagen tradicional que impide el paso a cualquier persona ajena a la obra.
Seguimiento en las obras
Por su parte, ELA decidió ya hace meses hacer un seguimiento en las obras públicas para verificar el «grado de incumplimiento del convenio y concienciar a los trabajadores del sector para que exijan que se respeten sus derechos laborales», según explica Igor San José, responsable de ELA en el sector.
Una labor a pie de terreno o de tajo, en este caso, que está llevando al propio responsable de ELA y a otros seis sindicalistas a visitar las obras del TAV prácticamente todos los días así como otras obras públicas y privadas, con seguimientos contínuos.
Una tarea que empezaron a llevar a cabo en el caso del TAV después de que el sindicato presentara diversas denuncias ante Inspección de Trabajo y la propia Delegación de Trabajo por incumplimiento del Convenio. Denuncias que han derivado en sanciones contra Euskal Trenbide Sarea, el gestor vasco de infraestructuras ferrroviarias y responsable de las obras del TAV.
Con todo, Igor San José, explica que ETS les permite el acceso a las obras, «pero las visitas nos dan una idea del talante, la actitud y lo mucho que tienen que ocultar los responsables de las obras, ya que nos ponen vigilancia exagerada, nos siguen a todas partes, utilizando incluso a la Ertzaintza para que nos vigilen de cerca, y nos niegan el acceso a ciertas zonas de la obra».
Apunta que cinco personas muertas y un número indefinido, pero muy alto, de accidentes laborales da la medida de las condiciones de trabajo de una obra que tiene más de 4.000 millones de presupuesto, en la que la parte destinada a formación de los trabajadores y a seguridad «es muy deficiente».
Y pone dos ejemplos. El 9 de diciembre de 2010 ocurrió una explosión en Eskoriatza en la que murió una personas y dos más resultaron heridas. Según ELA, la Dirección de Minas determinó que existieron numerosas irregularidades y que se incumplió el Plan de Seguridad Laboral, por lo que propuso un recargo del 50% en las prestaciones económicas. El caso está en el Juzgado de Eibar, que lo está estudiando, y en el que la central se ha personado como acusación popular.
Más recientemente, el 6 de septiembre de este año, otro trabajador falleció en el tramo de Tolosa al caer con su camión por un terraplén. Igor San José señala que la jornada habitual de estos trabajadores es de 12 horas y el accidente se produjo a las cuatro de la madrugada. Dos meses después ELA presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo contra la empresa que prestaba sus servicios porque «seguía trabajando en jornadas ilegales de 12 horas».
Jornadas draconianas
Añade que doce horas de trabajo es la jornada habitual en las personas que trabajan en el TAV, una jornada que excede la legalidad vigente y que incluso en ocasiones se incrementa hasta las 17 horas, hecho que la central también ha denunciado ante la Inspección de Trabajo.
A ello se añade, según San José, que la mayoría de las personas que trabajan en el TAV perciben un salario medio de 5 o 6 euros por hora trabajada por todos los conceptos, cuando el salario del convenio de Gipuzkoa en similares parámetros asciende a 15 euros la hora. Apunta que esta realidad es conocida por todas y ha sido denunciada reiteradamente.
La razón de que se hayan precarizado las condiciones de trabajo en la construcción hasta esos extremos la tiene la crisis, lo que está llevando, según el responsable de ELA, a que las obras se adjudiquen a empresas del territorio, que en ocasiones cuentan con pocos trabajadores, cada vez menos, ya que luego subcontratan a empresas de fuera, que aplican su propio convenio de empresa o el de su país de origen, en el caso de las extranjeras, rebajando hasta el límite las condiciones laborales.
Es más, apunta que en ocasiones, las empresas cumplen en apariencia con el convenio de Gipuzkoa, ya que aplican el mismo en la nómina, pero luego le obligan al trabajador a pagar por otros conceptos, como manutención u hospedaje, que tienen que correr a cuenta del empresario en función de la distancia de la obra respecto del domicilio del empleado.
La central considera que todas las empresas que trabajan en el territorio sean de aquí o de fuera tienen que aplicar el convenio provincial. Una cuestión con la que discrepa la patronal Adegi-Ascongi. El responsable de Negociación Colectiva de Adegi, Juan Ramón Apezetxea, señala que con la legislación actual, tras la última reforma, se puede entender que las de fuera del territorio pueden aplicar su propio convenio de empresa, en el caso de las grandes, o el de su país de origen, cuando son extranjeras.
Añade que esto está haciendo estragos en la construcción, ya que las empresas de fuera vienen a la poca obra que hay aquí y se las quedan, con unos salarios que son un 30% inferiores a los nuestros y con jornadas más amplias. Comenta que Adegi no justifica los incumplimientos, porque el convenio es una ley, tiene un mandato legislativo y queremos que se cumpla. «Los primeros interesados somos nosotros para que haya una competitividad equilibrada, ya que las empresas de aquí no pueden competir en igualdad de condiciones».
Con todo, cree que se pueden tomar cartas en el asunto. Por ello señala que están dispuestos a establecer estrategias conjuntas con los sindicatos y con la Diputación de Gipuzkoa para que se hagan concursos de adjudicación de obras «como Dios manda, ajustados y no a la baja, y en caso de que se permita que sean a la baja tengan una incidencia en su valoración importante, de modo que se favorezca a las empresas del territorio, que son las que cumplen el convenio provincial y fomentan la calidad».
Añade que las reglas «están cambiando; hay que adaptarse a ellas y buscar soluciones o iremos a peor».
Considera que se tienen que buscar fórmulas para favorecer a las empresas del territorio, ya que son las que crean empleo propio, con garantías, que luego redunda incluso en las arcas de la Hacienda.
Señala que no tienen ningún complejo en ir de la mano de los sindicatos para tratar de buscar soluciones, y además pide a la Diputación que restablezca la mesa de trabajo que existía hace unos años y que desactivó el anterior gobierno foral.
