Moyua y Antzibar logran la próxima gran obra pública de Gipuzkoa con una baja del 37%
harán el tramo antzuola-Bergara de la gi-632 por 23 millones menos del precio de licitación
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| Martin Garitano, diputado general de Gipuzkoa, contempla una maqueta de la GI-632 |
Es la primera obra pública en Gipuzkoa en la que los pliegos de condiciones contemplan la opción de que la Diputación multe a las empresas si en las obras se incumplen las condiciones laborales recogidas en el convenio guipuzcoano de la construcción. Esta es una exigencia que los sindicatos han ido planteando cada vez con más fuerza en vista de las condiciones de "explotación" con la que aún hoy se siguen realizando obras públicas en el territorio. La UTE conformada por las constructoras guipuzcoanas Moyua (Donostia) y Antzibar (Azkoitia) será las que se someta a este primer examen.
Hasta la fecha, los pliegos de condiciones, después de acuerdos entre los distintos grupos en las Juntas, obligaban al cumplimiento del convenio de Gipuzkoa en las obras sufragadas con dinero público, pero no se contemplaban sanciones pecuniarias que, ahora sí, podrán llegar hasta un máximo del 10% del precio de licitación. El sindicato ELA, que mantiene una campaña de seguimiento de las condiciones de los trabajadores de grandes obras en Gipuzkoa y aún detecta "numerosas y graves" irregularidades, reclama a la Diputación que "esté vigilante" y que el blindaje del convenio "no quede en papel mojado".
De entrada, el tramo Antzuola-Bergara (conexión con la AP-1) de la GI-632 (Beasain-Durango) nace con uno de los vicios que los sindicatos denuncian que están en el origen de la "explotación laboral", como es una importante baja sobre el precio de licitación, en este caso del 37%. El precio de licitación fijado por la Diputación fue de 63,35 millones de euros sin IVA, mientras que esta obra se ha adjudicado finalmente por 40 millones, 23 menos de los que la Diputación tenía contemplados. Esta tendencia a la baja, cada vez más acentuada, es, según ELA, fruto de la "subasta" en la que se está convirtiendo la adjudicación de obras públicas al mejor postor.
Esta situación habitualmente deriva en que las constructoras subcontraten a otras empresas para desempeñar los trabajos, lo que da pie a un mayor descontrol y a una "precarización" del empleo, relata el responsable de la construcción de Gipuzkoa de ELA, Igor San José.
La propuesta de la UTE compuesta por Moyua y Antzibar ha sido la mejor valorada entre las once que se presentaron al concurso público -concurrían las principales empresas de la CAV y del Estado- para la construcción de esta carretera. Su valoración técnica fue la mejor, empatada con la de la UTE que lideraba Altuna y Uria -le acompañaban Mariezcurrena, Zubieder y Asfaltos Urretxu-, y que finalmente ha terminado segunda, tras ofertar 44 millones (sin el 21% de IVA).
Por su parte, ELA denuncia que todavía sigue habiendo "incumplimientos graves" en tres importantes obras públicas que se están llevando a cabo actualmente en Gipuzkoa y que atañen tanto al Gobierno Vasco, como la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, como son la variante de Hernani, las obras de VPO de Luzuriaga en Pasaia y el nuevo ambulatorio, y las de Tabakalera, en Donostia. En todas ellas el sindicato ha podido constatar la presencia generalizada de trabajadores de subcontratas que, según las pruebas que sigue acumulando ELA, están operando en condiciones "precarias".
"vuelta a las andadas"
Según denuncia esta central, todas las empresas del sector "incumplen" el convenio "cuando concurren en una Unión Temporal de Empresas (UTE). El llamamiento de ELA a la Diputación cobra más importancia al ver casos como el de la variante de Hernani -está a punto de terminarse-, donde la presión sindical llevó a regularizar la situación de varios trabajadores, pero "tres o cuatro meses después volvieron a las andadas", dice San José, que ya ha vuelto a denunciar la situación.
Según denuncia esta central, todas las empresas del sector "incumplen" el convenio "cuando concurren en una Unión Temporal de Empresas (UTE). El llamamiento de ELA a la Diputación cobra más importancia al ver casos como el de la variante de Hernani -está a punto de terminarse-, donde la presión sindical llevó a regularizar la situación de varios trabajadores, pero "tres o cuatro meses después volvieron a las andadas", dice San José, que ya ha vuelto a denunciar la situación.
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