La Comisión Arbitral da continuidad a la ILP de ELA en la CAV

ELA aplaude la decisión de la Comisión Arbitral que da continuidad a la ILP de ELA en la CAV

Más de 110.000 firmantes apoyaron nuestra iniciativa

La decisión de la Comisión Arbitral que desestima la Cuestión de Competencia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia y estima que la Iniciativa Legislativa Popular planteada por ELA se adecúa a la distribución de competencias prevista por la legislación, es una gran noticia no solo para ELA, sino también para las y los más de 110.000 firmantes que apoyaron nuestra iniciativa.

 

Para ELA, es lamentable que el PNV haya utilizado a la Diputación de Bizkaia para evitar y hurtar el debate político sobre una problemática que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras. Es difícil caer mas bajo en política. El PNV ya disponía del trámite de enmiendas para modificar aquello que entendiera no ajustado a derecho. Sin embargo, optó por una vía que suponía dar carpetazo a la iniciativa, sin dar ni tan siquiera opción a analizar el fondo del problema planteado, del que, además, las instituciones públicas son directamente responsables. El mismo partido que vende las “excelencias” del diálogo social, ha obstaculizado el debate de esta ILP. En sus planteamientos políticos el PNV está olvidando una parte mayoritaria de la sociedad, la que conformamos los trabajadores y trabajadoras.

De cara al próximo trámite parlamentario, ELA hace un llamamiento a todos los grupos políticos del Parlamento para que aprovechen el trámite de enmiendas con el fin de mejorar el texto y aprobar una ley que garantice unos derechos mínimos en la contratación pública. En concreto ELA solicita dos cuestiones:

 

1. Que se apruebe un texto articulado con rango de ley.

2. Que el texto aprobado sea vinculante y de obligado cumplimiento.

 

Por último, ELA felicita a toda su militancia por el trabajo desarrollado y el apoyo recibido en esta ILP. Seguiremos trabajando para que la ley aprobada garantice de la mejor manera posible los derechos de las y los trabajadores subcontratados.

 

NOTIZIA EUSKERAZ

Hay empleados en las obras de la "Y" Vasca que están pasando hambre

"Hay empleados en las obras de la 'Y' vasca que están pasando hambre"

Los vigilantes que custodian el polvorín del tramo de Zumarraga llevan 2 meses sin cobrar. "No podemos negarnos a trabajar, la Guardia Civil puede obligarnos"



Trabajadores del TAV en Zumarraga

EL CORREO 13/12/2014

Entre los centenares de trabajadores que construyen la ‘Y’ vasca hay algunos que las están pasando canutas. "Un compañero se ha visto obligado a acudir a Cáritas porque no tiene para comer, otro viene al curro en bicicleta para no mover el coche...", enumera un operario de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) que se ejecutan en Zumarraga. Se refiere al equipo de seguridad del tramo, los encargados de custodiar los accesos, el perímetro y, sobre todo, el polvorín en el que se almacenan los explosivos que permiten abrir camino en la zona al túnel más largo que tendrá el trazado ferroviario. Los vigilantes llevan dos meses sin cobrar porque su empresa, Bizala, roza la quiebra y tiene las cuentas bloqueadas. Así que los profesionales se ven obligados a seguir en su puesto casi sin margen de maniobra. "Sabemos que no hay dinero, pero no podemos quedarnos en casa porque nos despedirían. Tampoco podemos protestar negándonos a abrir el polvorín porque vendría la Guardia Civil y nos obligaría a hacerlo".

Bizala entró en concurso voluntario de acreedores el pasado 7 de noviembre, dos días después de no pagar la primera nómina a sus 225 trabajadores. "No nos avisaron, nadie nos dijo que las cosas iban mal", lamentan los empleados. Custodian edificios, hacen labores de escolta... pero sus principales clientes son Euskotren y la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construye el tramo del TAV que cruza Zumarraga. Allí son trece los vigilantes. Trabajan a turnos las 24 horas del día porque el polvorín no puede perderse de vista. Buena parte de la deuda que asfixia a la empresa, que tiene su sede social en Bilbao, son los pagos pendientes con Hacienda y en estos procesos las obligaciones pendientes con la Administración siempre son las primeras que deben zanjarse. Después, todo lo demás.

Aunque fuera con retraso, el administrador público que se ha puesto al mando del concurso de acreedores contaba con abonar los salarios de los trabajadores teniendo en cuenta la previsión de los ingresos que debía percibir Bizala, pero algunos clientes, entre ellos la UTE ‘Túnel de Zumarraga’, han dejado de pagar al saber que el dinero iba a ir directo a Hacienda y no a los profesionales. Aún así, los vigilantes siguen allí. A pie de obra. A cada uno se le adeudan 2.800 euros y parte de las 270 horas extras que llevan acumuladas en 2014. "La empresa nos pide que vayamos a trabajar, aunque la situación es límite. No es el mejor modo estado para portar armas y vigilar material peligroso", explican los afectados. "Nadie va a hacer una locura –matizan–, pero es imposible estar tan concentrado como requiere una labor así".

Bizala les insiste para que se presenten en Zumarraga cada día porque cualquier fallo de vigilancia en las obras de la ‘Y’ vasca y los explosivos puede acarrear duras sanciones... y la rescisión del contrato firmado hasta 2016, una alternativa que, según ha podido saber este periódico, la UTE está intentando ejecutar para cerrar este capítulo. En medio los trabajadores, a los que el administrador concursal ha prometido una paga de "300 ó 400 euros" la semana que viene. "Ese dinero es una limosna", lamenta un vigilante. "Si no fuera porque hay compañeros que están pasando hasta hambre yo la rechazaría. Es inaudito que algo así ocurra en una obra pública en la que se están invirtiendo tantísimos millones y que ni Fomento ni el Gobierno vasco muevan un dedo". Pase lo que pase durante los próximos días, haya pago o no, el proceso concursal seguirá adelante. Según los plazos marcados oficialmente, la operación concluirá a finales de enero con la vuelta a la normalidad o la liquidación de la firma. De momento, el administrador ya ha advertido a los clientes de Bizala que les reclamará los pagos por vía judicial para poder acelerar el reparto.

Compra conjunta

A expensas de los movimientos, los vigilantes del TAV en Zumarraga hacen encaje de bolillos. "Entre unos cuantos hemos puesto un bote para hacer una compra para que la familia de otro compañero pueda pasar los próximos días, pero se acerca Navidad y somos varios los que vamos a tener que dejar a nuestros niños sin regalos", explica un afectado mientras trata de pagar un café al periodista. "Solo tengo dos euros", se justifica. En unas horas debe volver a la obra para hacer su turno. "Dicen que no hay dinero, pero el administrador nos ha dicho que pidamos dinero para gasolina y así llegar al tajo. No sé si se creen que somos tontos...".

OBRAS DE DESKARGA "Una máquina no suplanta una voluntad política"

Una máquina no suplanta una voluntad política

"Lagarto" en las obras de DESKARGA

Hoy, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado en las obras de Deskarga las maquinas de fichaje para el control horario de los trabajadores. Manifiestan que, con ello, se podrá controlar el efectivo cumplimiento del convenio laboral. Ante esta presentación, ELA realiza la siguiente valoración.

1- Como no podía ser menos, ELA valora positivamente la toma de medidas encaminadas al control de las condiciones laborales y de seguridad y salud laboral en las obras. En ese sentido, esta podría ser una de ellas.

Desde ELA se ha exigido reiteradamente este tipo de control horario en las obras públicas. Ello, con el claro objetivo de evitar las jornadas abusivas que habitualmente realizan los trabajadores del sector. De hecho la medida en cuestión ya se ha tomado en otras obras de Euskal Herria. Un ejemplo cercano fue la construcción del AYUNTAMIENTO DE  GASTEIZ, donde, a pesar de la instalación de éste tipo de tornos, el Convenio Colectivo fue incumplido sistemáticamente hasta que se produjeron las denuncias de ELA

2- Es por ello, que la verdadera garantía de aplicación de convenio y respeto a las normas de seguridad va bastante más allá de la simple colocación de ficheros. Por ello, la responsabilidad del promotor (la institución foral, en este caso) no debería ser confiada en exclusiva a este -u otro- método técnico, ya que todos ellos son perfectamente susceptibles de ser trucados. De hecho, la experiencia nos dice que sólo el factor “humano” (promotor in situ) asegura el efectivo cumplimiento de la legalidad en materia sociolaboral. En éste sentido los equipos humanos que se publicitan, según nuestra información, son los mismos que existen en la actualidad. Que nadie se llame a engaño: pensar que los excesos de jornada y escandalosos ritmos de trabajo pasados y presentes de esta obra van a ser resueltos por medio de ficheros, es como mínimo, una ingenuidad.

3- La raíz del problema siguen siendo las políticas de adjudicación, ejecución y plazos de la obra. Hablando claro: mientras las Instituciones sigan priorizando las ofertas más económicas y los plazos de ejecución más cortos, “lo sociolaboral” seguirá constituyendo el eslabón más débil de la cadena. El binomio deprisa/barato ha demostrado suficientemente en esta misma obra que tiene como primera consecuencia el abuso laboral.

Queremos recordar que esta obra se adjudicó a la UTE LAPATZA por 40 millones de euros, 23 millones por debajo de lo  licitado (37% de baja)  y se espera acabar en un tiempo reducido y ajustado a intereses políticos. Una explosiva mezcla que ninguna empresa digiere sin recortar en seguridad y condiciones laborales. Prueba de ello es lo sucedido hasta ahora (accidente mortal, ocultación empresarial de otro accidente grave, incumplimiento constante de las normas de seguridad, no aplicación de convenio colectivo...).

4- Hoy, 21 de octubre, se sigue incumpliendo el Convenio de manera sistemática en esta obra. ELA ya ha denunciado -y demostrado- ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social en más de una ocasión las jornadas abusivas que se han venido realizando. Con tornos o sin ellos, ELA seguirá denunciando de manera seria y rigurosa, todo lo que suceda en ésta y en el resto de obras. La iniciativa presentada corre riesgo de quedarse en una nueva aparición mediática sin contenido posterior, más aún en una obra que, no lo olvidemos, se encuentra ya en su recta final.

"TAV" Este tren no tiene parada, ni en lo social ni en lo laboral

TAV

ESTE TREN NO TIENE PARADA,

NI EN LO SOCIAL NI EN LO LABORAL

TAV / AHT ko langilea

ELA lleva años manifestando que, en lo que respecta a Euskal Herria, el TAV es una obra carísima, suntuosa y con un impacto medioambiental brutal, a la par que absolutamente innecesaria dadas las distancias existentes entre las distintas capitales que se pretende comunicar. En su día, defendimos la necesaria mejora de nuestras comunicaciones ferroviarias a través de un proyecto alternativo que denominamos “tren social”, un tren más rápido y mejorado que el obsoleto actual, sí, pero con las paradas necesarias y al servicio de la ciudadanía. Eso fue antes del inicio de la crisis, cuando el gasto en infraestructuras faraónicas con poco o nulo sentido era la constante de casi todos los gobiernos. Finalmente, se ha demostrado lo erróneo de esos planteamientos. Sin embargo, en el caso del TAV, lejos de  rectificar y plantearse otras alternativas más baratas, útiles y ecológicas, se ha optado por la huida hacia adelante.

Y es que en época de recortes sociales brutales, para el TAV ha seguido habiendo dinero abundante. De hecho, cuando el gobierno central ha retrasado ocasionalmente su financiación, desde el gobierno vasco se ha “sacado pecho” adelantando ingentes cantidades de dinero. ¡Por dinero iba a ser!.

Finalmente, la escasez de recursos públicos ha acabado también por llegar al TAV. Ello se viene traduciendo, por un lado, en una evidente ralentización de las obras y, por otro, en la absoluta precarización de las condiciones de trabajo existentes en las diversas subcontratas.

Y es a esto último a lo que queremos referirnos, puesto que la expresada escasez de financiación ha acabado por dinamitar cualquier atisbo de sensibilidad social al respecto. Concretamente, en las obras previstas para el llamado sector de Kobate (nudo de Bergara) la rebaja en el coste final de la obra supone una quita del 49% con respecto al precio inicial planteado por el Gobierno central. Se pasa de un presupuesto de 133 millones, a un precio final de 68,1. Esto, que para el profano en la materia podría entenderse como una ventaja (mejor cuanto más barato), suele tener su lado oscuro en el apartado sociolaboral. Y es que, como dice el refrán "lo barato sale caro", en este caso para los trabajadores dependientes de la empresa adjudicataria "a la baja". Cuestiones como la inaplicación del Convenio de la Construcción, los ritmos exagerados de trabajo o jornadas abusivas y hasta graves infracciones en materia de seguridad laboral con su consecuencia de aumento de la siniestralidad, son la habitual contrapartida de pretender economizar por debajo de lo socialmente admisible.

Para quien se pregunte cómo se ha podido llegar a esto, diremos que se ha forzado la legalidad hasta extremos inauditos. De entrada, en esta subasta, los aspectos técnicos y sociolaborales (si los hay) de la obra han quedado relegados a unos ridículos 25 puntos, mientras que la valoración del apartado económico ha ascendido hasta los 75 puntos. Teniendo en cuenta que a ese rebajadísimo precio final se le restan a su vez importantes aspectos, como material, gastos de maquinaria, etc., entenderemos el seguro atropello de las condiciones sociolaborales y de seguridad que les esperan a los trabajadores de esta obra.

Aquí no hay secretos: esta UTE (COMSA S.A - CYCASA CANTERAS Y CTNES S.A), como todas, trabaja lógicamente para la obtención de beneficios y si no los puede obtener de un precio de licitación justo y razonable, los va a obtener a costa de los de siempre, a través de sucesivas subastas (en este caso, al margen del más mínimo control público) de subcontrataciones encadenadas.

Por último, algunas preguntas obvias:

1.            ¿Quién va a garantizar las condiciones sociolaborales de esta obra?.

2.            ¿La seguridad de los trabajadores se reducirá también?.

Finalmente, en el más que probable caso de que suceda lo que todos nos tememos ¿quién se hará responsable?: ¿la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata de la.....?.

ELA, como siempre y al margen de quién ostente la titularidad de la obra pública en cuestión, estará atento y vigilante a lo que vaya a acontecer en el interior de la obra. Si todavía no nos conocen, van a tener tiempo de ello, denlo por seguro.

ELA pide comparecer en las JJGG para contar la verdad

ELA pide comparecer en las JJGG para contar la verdad

Accidente del 23 de junio denunciado por ELA

Hoy, 18 de septiembre, tenía previsto celebrarse en JJ.GG. De Gipuzkoa la comparecencia de la Diputada de Infraestructuras  para dar explicaciones sobre el grave accidente ocurrido el pasado 23 de junio en las obras de la autovía de Descarga. Como recordarán, este accidente fue denunciado por ELA en su día, destapando asimismo la falsa versión proporcionada por la empresa con objeto de ocultar su existencia. Esta versión fue asumida inicialmente a pies juntillas por esta Diputación, llegándose a intentar desacreditar el trabajo sindical realizado por ELA al respecto con diversas descalificaciones.

Como no podía ser menos, cuando se va con la verdad y las pruebas pertinentes por delante, al final se ha tenido que reconocer la realidad de los hechos y ese parecía ser el sentido de la comparecencia de hoy.

Sin embargo, tenemos que decir con tristeza que, siendo ELA el principal agente interviniente en el caso, no se nos ha dejado acceder a la citada comparecencia. Han alegado para ello la no petición con un mínimo de 24h. de la correspondiente solicitud. No dudamos de la existencia de la citada normativa, pero tenemos que decir en nuestro descargo que entendíamos que, al ser parte primordial de la detección del accidente y su ocultación, nuestra presencia era obligada sin más trabas burocráticas. A pesar del inconveniente citado, hemos solicitado a la Pta. de las Juntas su intermediación ante los distintos grupos para solventar el equívoco y posibilitar nuestra presencia, pero tras consultarlo se nos ha comunicado que no se aceptaba.

No obstante, de forma indirecta hemos podido conocer que quien finalmente ha acabado por adquirir el papel de "compareciente" ha sido la propia UTE responsable de la obra y no la Diputación.

Desde ELA queremos denunciar el doble rasero que se sigue en este caso: por un lado, aplicación estricta de la normativa para la comparecencia (como si toda norma no tuviera su excepción para casos como el que nos ocupa) y, por otro, el sorprendente protagonismo ante los grupos políticos de la UTE responsable de la obra, y por tanto, del accidente. ¿Ha cumplido la empresa el requisito previo de solicitud que a nosotros se nos exigía?: sinceramente, lo dudamos.

Hemos sido conocedores, también, de que en nuestra ausencia se ha vuelto a dirigir duras críticas hacia nuestro Sindicato por una supuesta fijación con el actual gobierno foral. Incluso, se habría llegado a asegurar que el accidente registrado tiene la calificación legal de "leve", puenteando así nada menos que a la Inspección de Trabajo, quien todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto. También se nos acusa de ocultación tanto a la UTE como a la Diputación de las pruebas que teníamos al respecto, cuestión que es totalmente falsa, ya que, precisamente para ello, solicitamos reunión con el departamento de Infraestructuras hace ya más de dos meses sin que nos haya querido recibir.

Lo acaecido en torno a este accidente muestra la realidad de la Obra Pública. Primero se oculta un accidente que pudo tener fatales consecuencias. Después el promotor de la obra se lava las manos y tras ella, la UTE adjudicataria culpa a la subcontrata. Quizás el siguiente paso sea culpar al trabajador por haber sufrido el accidente. Hasta que en la cadena de contratación de la Obra Púbica cada uno no sea capaz de asumir sus responsabilidades, no estaremos avanzando en la dirección correcta.

Por último, solicitamos a los partidos políticos con representación en la JJGG que tramiten la comparecencia de ELA, para que podamos explicar los hechos acaecidos desde nuestro punto de vista y como denunciantes.

Bilbon heriotz istripua salatzeko elkarretaratzea

Azken heriotz istripua salatzeko elkarretaratzea Bilbon

ELA, LAB, STEE-EILAS, Hiru eta EHNE sindikatuek deituta, elkarretaratzea izan da gaur eguerdian Bilboko Arangoiti auzoan atzo lan istripuz hildako langilearen sinartekoei elkartasuna adierazteko eta lan baldintza salatzeko. Urte haseratik hona 29 langile hil dira lan istripuetan Hego Euskal Herrian.

 

Atzo hildako langileak 49 urte zituen eta "Dumnper ibilgailua irauli eta azpian harrapatuta hil zen Bilboko Arangoiti auzoan. ELAren aburuz "bistakoa da erakunde publikoek eta enpresek ez dutela ezer egiten istripuen kopurua txikitzeko". Bereziki eraikuntza alorrean. Izan ere, lan istripu gehien ematen den sektorea da.

La Diputación de Gipuzkoa admite la ocultación de un accidente en DESKARGA y culpa a la subcontrata

La Diputación admite la ocultación de un accidente y culpa a la subcontrata

Ver nota de prensa de la Diputación

 

Accidente del 23 de junio en las obras de DESKARGA

Una vez analizada la nota de prensa emitida por la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la ocultación de un accidente grave en las obras de Deskarga, el sindicato ELA manifiesta lo siguiente:

 

Que este "descubrimiento" no es tal, ya que fue ELA quien, ya en junio, denunció ante la Inspección de Trabajo este grave suceso y su posterior ocultación. En ELA desconocemos el contenido del informe realizado y presentado por la UTE a la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero queremos dejar claro que han sido las pruebas presentadas por nosotros ante la Inspección de Trabajo las que han llevado a aclarar lo sucedido el pasado 23 de junio. Estas pruebas eran tan claras y evidentes, que finalmente no les ha quedado más remedio que reconocer el hecho. En todo caso, resulta cuando menos hiriente que Diputación se presente ahora públicamente como "engañada", cuando hasta la fecha no ha mostrado la más mínima disposición a reunirse con nosotros y escuchar de primera mano lo sucedido.
Muy al contrario, lejos de ello, hemos tenido que oír de todo, tanto por parte de las empresas que conforman la UTE, como de la misma Diputación. Ahí van algunas perlas..: “que denunciamos sin seriedad ni rigor”, “que mentíamos”, “que no teníamos datos”, “que era fácil hacer titulares sin pruebas”, etc. Por desgracia, este incalificable comportamiento de la institución foral y su negativa a reunirse con ELA ha servido también como excusa y coartada a las empresas implicadas para ejercer presiones y amenazas contra trabajadores y delegados de ELA. ¿Motivo?: como ahora se demuestra, haber descubierto, primero y denunciado con pruebas después tan grave suceso.

Y para terminar: ¿realmente piensa la Diputación Foral de Gipuzkoa que la culpa de este accidente y su posterior ocultamiento pertenece exclusivamente a la subcontrata???.....Lotsagarria!!!. Una vez más, la Diputación quiere echar balones fuera sin afrontar el verdadero problema de esta obra, que ha sido, es y si nadie lo remedia seguirá siendo, el abaratamiento obsceno de la obra y los plazos de ejecución de la misma.

Qué ocurrió y qué denunció ELA:

Que el 23 de junio, sobre las 18:30h. se produjo un accidente donde un trabajador de la subcontrata FERPI que conducía un camión lagarto, resbaló por una pendiente del 27%, debido a la sobrecarga que llevaba y a la lluvia. El operario, tras perder el control del mismo, decidió saltar y en el salto fue alcanzado y golpeado por la parte trasera del camión y una de las ruedas, lesionándose en la espalda y fracturándose una pierna (todavía no ha vuelto al trabajo). El lagarto terminó volcado en una zona boscosa. Sin embargo, esto no es ni de lejos lo más grave del hecho. No, lo más grave fue que tanto el accidente como sus circunstancias fueron ocultadas desde la empresa con premeditación y alevosía, no sólo ante Inspección de Trabajo u OSALAN, sino incluso a las unidades de ERTZAINTZA, Bomberos y Ambulancias que se personaron en el lugar de los hechos tras la llamada a SOS DEIAK de un testigo ajeno a la obra. Se mintió miserablemente y, a causa de ello, los dispositivos de emergencia se tuvieron que dar la vuelta como si no hubiera pasado nada y sin atender al herido por la ocultación citada. Un hecho muy grave que, con las pruebas y denuncia aportadas por este Sindicato, están siendo aclaradas.

OCULTACIÓN DE UN NUEVO ACCIDENTE EN UNAS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA

MÁS DE LO MISMO...lo que empieza mal termina mal

Accidente del 23 de junio en las obras de DESKARGA

Obras de DESKARGA / UTE LAPATZA

Obra promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa

ELA ya ha venido manifestando con rotundidad que la única forma real y eficiente de controlar y, en su caso, evitar la concatenación de gravísimos incidentes de siniestralidad laboral en esta y otras obras públicas es la presencia física a pié de obra de todos los agentes interesados en acabar con este drama. Si esto no se hace así, los intereses económicos suelen prevalecer sobre criterios éticos, morales e, incluso, sobre la mismísima legalidad vigente. También hemos sido muy insistentes en explicar que el brutal abaratamiento del precio final al que habitualmente se adjudican estas obras (37% menor en este caso) es el caldo de cultivo ideal para que el “ahorro” repercuta finalmente donde nunca debiera, es decir, en la seguridad y condiciones sociolaborales de sus trabajadores.

Ya sucedió esto, en su grado más extremo, con el trabajador Iñaki Alkorta Retegi, fallecido el pasado 18 de septiembre de de 2013. Tanto Inspección de Trabajo como OSALAN determinaron sin ambigüedad alguna “claros indicios de criminalidad” en ello. Ante esta evidencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa reaccionó con lo que se presentó a los medios como una “multa ejemplar”....que sin embargo se limitó al mínimo del 4%, frente al 10% que la legalidad le posibilitaba para un hecho presuntamente “criminal” como el citado.

Este tipo de circunstancias (barato-barato, multas mínimas, falta de control institucional a pié de obra...) sigue proporcionando hechos como el que pasamos a relatar:

OCULTACIÓN DE UN ACCIDENTE

El pasado 23 de junio, sobre las 18:30h. y en esta misma obra, se produce un accidente donde un trabajador de la subcontrata FERPI que conducía un camión lagarto similar al del difunto Iñaki Alkorta, resbaló debido a la lluvia. El operario, tras perder el control del mismo, decidió saltar y en el salto fue alcanzado y golpeado por la parte trasera del camión, lesionándose en la espalda y en una pierna. El lagarto terminó volcado en una zona boscosa. Sin embargo, esto no es ni de lejos lo más grave del hecho. No, lo más grave fue que tanto el accidente como sus circunstancias fueron ocultadas desde la empresa con premeditación y alevosía, no sólo ante Inspección de Trabajo u OSALAN, sino incluso a las unidades de ERTZAINTZA, Bomberos y Ambulancias que se personaron en  el lugar de los hechos tras la llamada al 112 de un testigo ajeno a la obra. Se mintió miserablemente y, a causa de ello, los dispositivos de emergencia se tuvieron que dar la vuelta como si no hubiera pasado nada y sin atender al herido por la ocultación citada. Un hecho muy grave que, con las pruebas y denuncia aportadas por este Sindicato, se encuentra en fase de diligencias.

De cómo están las cosas en el seno de algunas empresas a la hora de reaccionar frente a la evidencia de los hechos da idea de cómo se ha hecho en este caso: “presión a los trabajadores y sobre todo a nuestros delegados sindicales sobre “las consecuencias” que para las empresas que conforman la UTE puede tener el “férreo” control de nuestro Sindicato en estas básicas cuestiones de Seguridad Laboral y “recordatorio” de que cuidado con lo que se hace.” En ELA estamos valorando la posibilidad de denunciar como “acoso sindical” este tipo de reacción.

Todo ello nos llevó a solicitar una reunión “urgente” el pasado 7 de julio con la Diputada Foral de Infraestructuras, Larraitz Ugarte. Siempre, en base a nuestro firme compromiso de seguir informando a todos los niveles administrativos e institucionales de este tipo de “incidentes” cuando se produzcan. A día de hoy 19 de julio y tras seguir dándosenos largas, todavía no hemos logrado ser recibidos y ni siquiera llamados al respecto. Resulta obvio que la tozuda constatación de la terrible realidad que sigue aconteciendo en esta obra no encaja adecuadamente con la propaganda “triunfalista” emitida desde Diputación (multas supuestamente “ejemplares”, compromisos de control....). En definitiva, la táctica del avestruz nuevamente.....y a esperar que “escampe”. El problema es que para la familia de Iñaki Alkorta ya no “escampará” jamás. Afortunadamente, en el caso que ahora nos ocupa y merced a nuestras pruebas y denuncia, la pierna “anónima” y “oculta” de último accidentado podrá ser “aflorada” y contabilizada como una siniestra “muesca” oficial más de este insoportable listado.

No es cuestión de mala suerte y para ello no hay más que ver las continuas incidencias que desde ELA hemos venido registrando durante este mismo mes de julio y que han provocado la paralización por parte de Inspección durante la semana pasada de los trabajos de una parte de la obra. ¿Motivo?: incumplimiento de las normas de seguridad con riesgo de accidente (la parte de la escollera en Antzuola). El inspector no dudó, tras la denuncia de ELA, en paralizar ese trabajo y requirió a la UTE un plan de trabajo adecuado a las normas de seguridad.

Hay más: este pasado 14 de julio, sobre el mediodía, se ha venido abajo un talud, llegando a atrapar en su desprendimiento a una excavadora. La fortuna se alió esta vez con el operario, que en el momento de los hechos se encontraba tomando un café en su descanso correspondiente. Buena suerte, sí....pero ¿hasta cuándo?.

Para ELA, la única Comisión de Seguimiento REAL Y EFECTIVA que puede poner freno a esta sangría sigue siendo la de siempre, la del Sindicato de clase al uso, es decir, la presencia física a pie de obra. No es fácil y, como vemos, gusta más bien poco a empresas e instituciones, orientadas unas  

a conseguir el máximo beneficio  y, otras, a intentar disimular las consecuencias de esta macabra estrategia del barato-barato tan firmemente arraigada en la obra pública.

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ELAk Salburuako eraikuntzan egindako salaketa

ELAren salaketaren ondotik, lanaldi luzeak amaitu dira Salburuan

Sindikatuak eta enpresek espero dute heldu den asterako sinatzea gizarte etxeko obretan lan ituna errespetatzeko akordioa

BERRIA 2014/VI/13

Salburuako eraikuntza

Gasteizko Salburua auzoko gizarte etxea eraikitzen ari diren langile batzuk esklabotza egoeran zeudela salatu zuen ELA sindikatuak orain dela bi aste. Esan zuen egunero 11 orduko lanaldiak eta lan erritmo «neurriz kanpokoak» zituztela, eta hiru hilabeteko lanaren truke 1.000 euroko ordainak jaso zituztela. Lan eta bizi-baldintza gogorren kontakizunak oihartzun handia izan du, eta horren ondoren gauzak mugitzen hasi dira. Atzo bertan ELAko ordezkariak, eraikuntzaren adjudikazioa duten enpresetako arduradunak eta Gasteizko Udala bilduta egon ziren Lan Harremanen Kontseiluko Preco organoan. Bilerara proposamen bat eraman zuen sindikatuak, eta, hori oinarri hartuta, espero dute heldu den asterako akordio bat sinatzea.

«Bitxia da, baina eskatzen ari garen bakarra da legea betetzea, alegia lan itunak errespetatzea», azaldu zuen Roberto Salgado ELAko Eraikuntza alorreko arduradunak. Lehiaketa irabazi zuten bi enpresek, VIASek eta Construcciones Opakuak, hori egiten dutela zehaztu zuten, baina ziurtatu zuten ezin dutela guztiz bermatu azpikontraten egoera. Puntu ilunetako bat soldatari dagokio. Langileek sinatutako paperak erabili dira ziurtagiri gisa, eta sindikatuak finantza erakundeen ordainagiriak nahi ditu. Horrek talka egingo luke datuen babeserako legearekin, ordea. Hala ere, salaketa egin zenetik gauza batzuk aldatu dira. Lan jardunaldi luzeak jada amaitu dira.

Ikuskaritzaren bisitarik ez

Salgadoren ustez, komenigarria litzateke Gasteizko Udalak ere enpresen eta sindikatuaren arteko akordioa sinatzea, baina ez duela egingo uste du. «Bilerara teknikari bat bidali dute; ia gonbidatu hutsa izan da, eta ez du parte hartu. Eurek esaten dute euren ardura bakarra dela adjudikazio baldintzak betetzen direla egiaztatzea, ezer gehiagorik ez».

Salaketa publikoa joan den maiatzaren 29an egin zuen ELAk. Ikerketa zabaltzeko asmoa agertu zuen fiskaltzak. Hala ere, oihartzunak oihartzun, atzo arte Lan Ikuskaritza ez zela obretatik pasatu ohartarazi zuen ELAk. Larria iruditzen zaie. Izan ere, salatutako lan baldintza eskasak pairatzen zituzten langileetako batzuen lana —eraikinaren kofratzea— amaitzear da. «Ondoren oso zaila izango da salatu duguna frogatzea».

ELAk azaldu zuen lanean ez ezik kalean ere egoera latza dutela behargin horiek. Azpikontratako langileak Espainiatik datoz, eta guztiak etxebizitza bakar batean dituzte, «imajinatu ere ezin diren baldintzetan». Kaleratuak badira, berehala etxetik bidaltzen dituzte. «Kalean geratzen dira nora jo jakin gabe, eta enpresari aurre egin baino lehen asko pentsatzera behartzen ditu horrek».

Salburuko gizarte etxearen eraikuntza enplegua sortzeko erabakigarria izango zela ziurtatu zuen Gasteizko Udalak, lanak hasi baino lehen. Kontrakoa gertatzen ari dela salatu zuen ELAk. Lehiaketa publikoan 12,5 milioi euro eskaini zituzten eraikuntzaren truke. Hortik aurrera «enkante makabroa» hasi zen, sindikatuaren aburuz. VIAS eta Construcciones Opakua enpresak, aldi baterako elkar hartuta, lehiaketa irabazi zuten, %30eko beherapena eskainita (8,9 milioi euro). Hortik aurrera, langileen esplotazioa hasi zen. «Azpikontratatuek, beldurtuta eta lan egiteko behar handiarekin, esklabotza baldintzak onartu behar dituzte».

Exigen explicaciones por el cierre de una constructora viable

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Rubén García, Modesto Tato, Manuel García y Ramón Vázquez, en la zona de Pasaia donde Iraba iba a construir unas viviendas de protección oficial.

NOTICIAS DE GIPUZKOA 2/VI/2014

La plantilla de la constructora guipuzcoana Irazustabarrena (más conocida como Iraba), formada por cincuenta trabajadores, no entiende cómo puede estar en proceso de liquidación una empresa que consideran viable, puesto que tenía carga de trabajo y apenas contaba con deudas. En estos momentos la firma donostiarra -cuyo origen es goierritarra- y Salinas Berri SL, que Iraba utilizaba como promotora para sus obras, se encuentran sumidas en un proceso concursal que va a finalizar con la desaparición de un negocio que se remonta a los años 50 y que, sorpresivamente, contaba con carga de trabajo para un año.

 

Según han expresado a NOTICIAS DE GIPUZKOA los empleados de Iraba, después de realizar 128 viviendas en Trintxerpe, la compañía iba a emprender en la misma zona 40 pisos de protección oficial y 25 de vivienda libre. Además, tenía prevista la construcción de un edificio de 30 viviendas en Lazkao, pero no pudo finalmente comenzar ninguna de las obras porque los proveedores dejaron de suministrarle material por impagos. La falta de circulante llevó a los responsables de la empresa a solicitar concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Donostia.

Fuentes de la compañía han trasladado a este periódico que "una de las principales causas del cierre" ha sido "deudas de Hacienda por un importe total de dos millones de euros en concepto de devoluciones de IVA" a Iraba y Salinas Berri que no se produjeron. Según las mismas fuentes, si las dos empresas hubieran percibido en junio del año pasado esa cantidad, "habríamos tenido una situación totalmente diferente pues, más saneados, una entidad bancaria nos habría confirmado una financiación de circulante; es evidente que nos han dejado vendidos".

 

Este periódico se ha puesto en contacto con el departamento de Hacienda y Finanzas, que ha negado tal extremo y ha asegurado que se le requirió en varias ocasiones a Irazustabarrena y Salinas Berri documentación relativa a facturas de IVA que las empresas "nunca aportaron".

 

Concentraciones de protesta

Trabajadores de Iraba empezaron la semana pasada a llevar a cabo concentraciones delante del despacho de abogados en Donostia que se encarga de la administración concursal y la liquidación de la empresa, al que exigen explicaciones por el cierre de la constructora. La plantilla también reclama también que la dirección de la empresa, la Hacienda guipuzcoana y el Ayuntamiento de Pasaia -para el que Iraba iba a construir las citadas VPO- aclaren los motivos que han impedido la continuidad de la actividad.

Manuel García, su hijo Rubén, Modesto Tato y Ramón Vázquez son cuatro de los trabajadores de Iraba que se han quedado sin trabajo por el cierre de Iraba, que además de construcción de edificios efectuaba obras de reparación en plantas fabriles como las de CAF en Beasain e Irun. "Ahora que ya no hay vuelta atrás, queremos que nos paguen las indemnizaciones, que no llegan al millón de euros, y para ello la Diputación debe pagar lo que debe del IVA", reivindican.

 

El responsable de la Construcción en el sindicato ELA, Igor San José, opina que "es una vergüenza que cincuenta trabajadores se vayan a la calle con una mano delante y otra detrás, empleados de una empresa que estaba al día en los pagos a la Seguridad Social, una de las pocas que aplicaba a rajatabla el convenio provincial y que, además, tenía trabajo suficiente para continuar". El sindicalista considera "que aquí se tienen que aclarar muchas cosas por parte de la empresa, de Hacienda o de quien sea, pero es incomprensible que no se haya tratado de salvar una empresa viable cuya liquidación pone en riesgo a muchas pymes del Goierri que trabajaban con ella como proveedoras.

 

El propietario de una de esas empresas, una firma goierritarra dedicada al alquiler de vehículos y maquinaria para construcción, cuenta que "hemos trabajado toda la vida con Iraba y ahora nos hemos quedado, igual que otras cinco compañías que estamos personadas en el concurso, con un derecho de crédito de 300.000 euros que no sabemos si vamos a cobrar, en un momento en el que no hay volumen de obra y la competencia desleal es impresionante". Según critica, los concursos públicos "se están concediendo por debajo de coste a empresas de Bizkaia".

Mil euros por tres meses de trabajo en una obra de Gasteiz

Por un chusco de pan

Mil euros por tres meses de trabajo, diez personas en una vivienda y la amenaza constante del despido. El centro cívico de Salburua va tomando forma gracias a un régimen de semiesclavitud por el descontrol en la subcontratación.

ELA denuncia semiesclavitud en las obras del nuevo centro Cívico de Salburua de Gasteiz

NOTICIAS DE ALAVA 30/V/2014

en un piso del barrio de Judimendi, muy cerca de donde el Ayuntamiento de Vitoria levanta el nuevo centro cívico de Salburua, diez personas viven hacinadas durante los escasos ratos que sus jornadas de once horas les permiten descansar fuera del tajo. Son trabajadores de una subcontrata cuyo propietario, que vive en la Comunidad Valenciana, les trae periódicamente hasta Gasteiz, cobrándoles veinte euros por el desplazamiento.

A ello hay que sumarle los 50 euros que han de abonar por cada par de botas de seguridad que reciben. Una vez en Vitoria, los currelas tienen que llenarse la nevera y corren con los gastos de luz y agua de la vivienda. Allí llegan cada tarde y hacen turnos para poder ducharse antes de ver un rato la tele junto a la puerta de la casa, donde han improvisado una sala de estar, y acostarse en los colchones que hay repartidos por todo el piso en el que el subcontratista hacina a sus trabajadores.

Según aseguran desde el sindicato ELA, una televisión de plasma casi más grande que el recibidor donde se ubica preside la entrada a la casa, donde varias barras de pan esperan en bolsas de plástico a ser consumidas a la hora de la cena.

El resto de la vivienda se dedica casi exclusivamente a colocar colchones y camas deshechas, rodeadas de ropa tirada por el suelo, calzado, bolsas de viaje abiertas y un olor a aglomeración más propio de un vagón de metro en hora punta que de un lugar en el que vivir.

Ninguno de estos empleados, la inmensa mayoría ciudadanos de Rusia y de otros países de la Europa del Este, que no hablan castellano, dispone de una nómina para conocer las condiciones a cambio de las cuales trabaja. Por tres meses de trabajo, con centenares de horas de faena por encima de lo que marca el convenio de Álava, al que por ley deben estar sujetos, se van a su casa con unos 1.000 euros, tirando por lo alto, y mientras el penúltimo centro cívico de Gasteiz va tomando forma día a día. ELA denunció ayer que esta situación de semiesclavismo se reproduce en las obras públicas de la ciudad y de toda la Comunidad Autónoma Vasca.

Los trabajadores no pueden denunciar o reclamar su dinero. Si lo hacen, inmediatamente son despedidos y por lo tanto expulsados, en el acto, de las viviendas que habitan. Sin un lugar donde dormir, sin un euro en el bolsillo, sin saber el idioma, a estas personas sólo les queda mendigar para comprar un billete de autobús y volverse a su país con el lomo doblado, una mano delante y la otra detrás. Eso está pasando aquí y ahora según denunció ayer el responsable de Construcción de ELA en Álava, Roberto Salgado. "Son otra vez las batallitas que me contaba mi abuelo", afirmó el sindicalista gasteiztarra, quien asegura que al no disponer de nóminas, los trabajadores no saben cuánto reclamar, si es que se atreven a hacerlo.

Si lo hacen, lo máximo que le puede pasar al subcontratista es que deba pagar lo que debe, pues en los pliegos de condiciones no se recogen sanciones, pese a que las Juntas Generales, tanto aquí como en Gipuzkoa, aprobaron una moción en la que pedían que así fuera. "Si denuncia uno de cada diez, siendo optimistas, le pagas lo que le debes y cuelas a otros nueve", explicó al respecto Luis Fernández, responsable nacional de Construcción de ELA. Salgado, por su parte, aseguraba que la degradación que se daba hace unos años en la Rioja Alavesa con los temporeros, y que se erradicó de raíz, es la que se está dando ahora en el sector donde más se ha cebado el desempleo. "La situación es estremecedora, pero tenemos muchas dificultades para obtener relatos concretos porque los trabajadores tienen miedo de perder su puesto", señaló por su parte Fernández, quien afirmó que con el centro cívico de Salburua se ha dado un salto cualitativo, pues es la primera vez que ELA constata la existencia de hacinamiento de trabajadores en una obra pública.

La raíz del problema La subcontrata es la responsable directa de la situación que viven estos trabajadores, pero según ELA, es en las instituciones públicas donde reside la raíz del problema. El centro cívico se licitó inicialmente por 13,5 millones, luego se rebajo a 12,5, y al final se adjudicó por 8,9, un 30% menos de lo que los técnicos municipales estimaron que costaría hacerlo contemplando el lógico y legítimo beneficio empresarial. Antes, la ley dictaba que las bajas temerarias debían ser eliminadas de los concursos, ahora basta con justificar esas bajas para seguir en la pugna por los contratos. "Tú dices que vas a Madrid andando en 10 horas, lo justificas diciendo que irás a 30 kilómetros por hora y ya está", resumió a modo de ejemplo Salgado, que acusó a estas subcontratas de ser "piratas que vienen a esta ciudad a saquear sus arcas" con la connivencia institucional y bajo un régimen destajista, siempre con el objetivo de acabar a tiempo para la inauguración.

"¿Cómo puede ser más competitiva una empresa que va y viene desde Valencia que las de aquí?", se preguntó Salgado, quien dijo que este tipo de subcontratas carecen de sede social y por lo tanto "son impunes".

Las UTE que ganan los concursos, señala ELA, "son todo disponibilidad" a la hora escuchar las quejas sobre las condiciones de trabajo en sus obras, pero estas se siguen dando a la oferta más barata. A la construcción del instituto de Mariturri se han presentado dos bajas temerarias, y en la licitación de la depuradora de aguas residuales de Villabuena, encargada por el Gobierno Vasco, la oferta económica cuenta con un máximo de 60 puntos, excesivo para los sindicatos.

Según Luis Fernández, este tipo de política de adjudicaciones se repite en proyectos adjudicados fuera de Álava, como el de San Mamés Barria, y está detrás de las siete muertes acaecidas en las obras del TAV. Mientras, la Inspección de Trabajo no responde a las recurrentes denuncias sindicales. "En el Ayuntamiento de Vitoria se han debatido mociones sobre esta cuestión, pero queremos una voluntad política real que todavía hoy no vemos; las obras se siguen adjudicando al mejor postor", afirmó.

Las medidas Vista la situación concreta de las obras del centro cívico, ELA ha contactado con los agentes sociales del barrio para que "reclamen que su centro cívico se construya en unas condiciones laborales dignas", explicó Fernández, quien aseguró que sólo la suerte ha impedido que haya siniestros mortales en las obras públicas de la ciudad, pues "el riesgo de accidentabilidad es muy superior a la media cuando se trabaja a ritmos exagerados".

Para evitar que se llegue a un desenlace fatal, el sindicato ha llamado a la UTE del centro cívico y al Ayuntamiento a reunirse en el seno del PRECO, el Procedimiento Voluntario para la Solución de Conflictos Laborales, y estudia además interponer una denuncia penal por la situación de hacinamiento detectada, y hacerlo además en nombre del propio sindicato, pues "ningún trabajador va a poner su nombre" en una demanda de este tipo.

Informe de OSALAN sobre el último accidente en las obras del TAV

Un trabajador murió aplastado por un compresor que no debía remolcar

El trabajador José María Castillo Alonso murió el 26 de agosto de 2013 aplastado por un compresor de 6,5 toneladas tras un accidente en el tramo Bergara-Antzuola del TAV. Según el informe de Osalan al que ha tenido acceso GARA, la máquina perforadora que conducía el obrero nunca debió emplearse para remolcar el compresor. La hipótesis más racional es que el compresor desestabilizó la perforadora, que perdió la dirección. El trabajador cayó y resultó atropellado.

 

Accidente en las obras del TAV en el tramo Bergara - Antzuola

GARA 21/V/2014

El 26 de agosto del pasado año, el trabajador madrileño José María Castillo Alonso, de 44 años de edad, falleció en las obras de la «Y vasca». Conducía una máquina perforadora que remolcaba un compresor de 6,5 toneladas. Tras haber realizado unos trabajos en el tramo Bergara-Antzuola, los empleados estaban procediendo a trasladar la maquinara por una pista hasta el lugar en el que sería cargada en camiones para su traslado por carretera.

La velocidad de conducción de la perforadora era de 2 km/h. Pese a ello, tras salir de una curva, el operario perdió el control de la máquina, avanzó en línea recta unos cuarenta metros y acabó saliéndose de la vía hacia la derecha y chocando contra el terreno. Tras el impacto, la perforadora giró bruscamente, al igual que el compresor que remolcaba, que atropelló al trabajador, que se encontraba ya en el suelo, causándole la muerte.

Como viene haciendo en los accidentes laborales con víctimas mortales que se producen en las obras públicas, EH Bildu solicitó que se remitiera al Parlamento el informe de Osalan relativo a la muerte de José María Castillo. Del análisis de todos los datos estudiados, se concluye -como recoge la Inspección de Trabajo- que «el fabricante no prevé el uso de la perforadora para remolcar nada». Pese a ello, era lo que se hacía habitualmente para bajar el compresor desde el punto de trabajo hasta dónde pudiera ser cargado en un camión.

«Contradiciendo los manuales»

Durante la investigación del accidente, Osalan constató que el manual de instrucciones de la perforadora que se le había dado al trabajador no correspondía a la máquina que utilizaba, sino a otra del mismo modelo pero cuatro años más moderna y con pequeñas diferencias. El manual de instrucciones del equipo de trabajo que empleaba realmente el accidentado no está disponible en castellano; únicamente había una copia en alemán.

Una vez traducido el manual de instrucciones durante la investigación del accidente, Osalan señala -y así lo recoge el informe de la Inspección de Trabajo- que el fabricante no prevé el uso de la perforadora para remolcar ninguna otra máquina. Explica que, «haciendo una interpretación más laxa» del texto, «podría llegarse a la conclusión de que solo en posición de trabajo» podría acoplarse a otro equipo de trabajo pero, en cualquier caso, con un peso que no llegara a las 4 toneladas, cuando el compresor pesaba 6,5.

Además de que la perforadora no debía haber remolcado nunca el compresor, el enganche de ambas máquinas se hizo de manera incorrecta, a distinta altura de la prevista. El manual del compresor establece que es preciso comprobar que el ángulo con el vehículo de transporte, no debe superar los 10 grados. En este caso también se incumplía con esta obligación.

Osalan concluye que el trabajo se realizó contradiciendo varios puntos de los manuales de instrucciones y especifica que, en caso de duda, siempre «debería haberse descartado el remolque» del compresor.

«No era la primera vez»

Sin embargo, de las declaraciones recabadas, lo de remolcar el compresor con la máquina perforadora «no es la primera vez que se hacía», siendo un procedimiento conocido por la empresa y los trabajadores.

La hipótesis más razonable del accidente, según Osalan, es que el remolcar un compresor de semejante peso, y que al no respetar los ángulos de enganche estaría soportando un desequilibrio de carga entre los ejes, «podría haber provocado una acción en la parte posterior de la perforadora, no prevista por el fabricante». Esa sobrecarga contribuyó a que la máquina perforadora no pudiera frenar debidamente.

El informe también baraja que la frenada se hubiera podido ver influida por carencias en el mantenimiento de las cadenas de la oruga, pero señala que este punto no es verificable porque el manual del fabricante no da las instrucciones necesarias y en el momento del accidente estaban «parcialmente colmatadas de Barro».

Osalan también constata que la empresa propietaria de la perforadora -que había sido alquilada por la del obrero fallecido- «no tenía modo de confirmar que el mantenimiento preventivo se realizaba de la manera indicada por el fabricante del equipo, ya que el dispositivo que cuenta las horas de uso estaba inutilizado».

La empresa Cimentaciones Singulares SA, para la que trabajaba el fallecido José María Castillo, era una subcontrata de una subcontrata. La UTE Bergara-Antzuola, compuesta por FCC, DC y Lurgoien, subcontrató a Geotécnica y Cimientos SA para la ejecución de «drenes californianos». Esta empresa, a su vez, contrató a la del trabajador afectado para efectuar las «perforaciones para la introducción de los drenes». Y la maquinaria fue alquilada a Ecorent Alquiler de Maquinaria SL.

Denuncia de falta de seguridad

La muerte de José María Castillo fue la sexta que se produjo en la obras de la «Y vasca» y los sindicatos revelaron las prisas existentes para avanzar en el tramo guipuzcoano, dependiente del Gobierno de Lakua.

Este pasado domingo, Igor San José, responsable de construcción de ELA, relataba en GARA el cúmulo de irregularidades que se están produciendo en las obras de la «Y vasca», con situaciones de «explotación laboral y salarios un 70% inferiores a los fijados por el convenio de la construcción de Gipuzkoa».

San José denunciaba que a la pasividad del Gobierno de Lakua a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores se le une la inacción de la Inspección de Trabajo, que ni siquiera inicia los trámites y gestiones habituales para resolver las denuncias interpuestas.

Tampoco se está permitiendo -pese a ser incluso una petición parlamentaria- el acceso de representantes sindicales a las obras.

Explosivos quemados a mano

Cabe destacar, como exponente de la absoluta falta de seguridad de algunos trabajos, el caso desvelado por GARA el pasado 11 de mayo. El obrero ucraniano Mykola Vyschenkyy resultó muerto y el búlgaro Dragomiv Yordanov gravemente herido el 9 de diciembre de 2010 por destruir el explosivo echando los cartuchos uno a uno al fuego desde unos seis metros cuando debían estar a cuatrocientos. Carecían de formación, nadie les dirigía y «se hacía siempre igual», según la declaración de Yordanov en un juzgado de Gasteiz a la que tuvo acceso este diario.

El trabajador búlgaro explicó que «no tenía carnet de artillero y era necesario para realizar la labor», añadiendo que consiguió dicho documento «tres meses después del accidente».

La empresa Hergon, para la que trabajaba, no constaba inscrita como habilitada para la ejecución de voladuras especiales, ni su póliza de responsabilidad civil incluía las voladuras u otros trabajos que estuvieran relacionados con estas.

Obra pública precaria en el Ayuntamiento de Gasteiz

Obra pública precaria

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento instaron ayer al PP a que vigile con más celo las obras municipales. En muchos casos, los operarios cobran sus salarios en mano y por debajo de lo que reflejan las nóminas que les obligan a firmar.

Las obras del Ayuntamiento de Gasteiz denunciadas por ELA

 "Si no cobras por debajo del convenio no trabajas". En la obra del Ayuntamiento de San Martín, reflejada en la imagen, esa frase abarata automáticamente los costes laborales a las empresas adjudicatarias, que repercuten en los trabajadores las rebajas ofrecidas al Ayuntamiento.

 

Noticias de Alava 07/V/2014

el sector de la construcción se mantiene en estado comatoso un lustro después de la instauración de la crisis económica y, aunque la obra pública también ha caído en picado, las instituciones siguen construyendo, poco o mucho. Por ello, las empresas del sector pujan fuerte por hacerse con los contratos públicos, y las administraciones aprovechan su posición de fuerza para alcanzar bajas en los concursos desconocidas cuando el dinero del ladrillo inyectaba las venas de la economía de millones y millones de euros.

Como denunciaba el pasado otoño el concejal del PNV Iñaki Prusilla, en Gasteiz hay firmas que con puntuaciones técnicas de 7 sobre 30 le han ganado concursos a empresas que sacaron 27 puntos en esta valoración, y lo han hecho porque son capaces de presentar rebajas de incluso el 40% sobre el precio de licitación, en un contexto en el que la media de los descuentos es de un ya importante 30%. A priori, la situación beneficia al contribuyente, pues supone un menor gasto de la caja de todos, pero la moneda tiene otra cara.

En obras de titularidad pública como la del Ayuntamiento de San Martín, los trabajadores cobran en negro, echan jornadas de más de diez horas diarias de duración, ingresan 6 euros por hora, y son advertidos de que si denuncian al día siguiente otro trabajador ocupará su lugar, según denuncia ELA y según expone también EH Bildu, que ayer presentó una moción en el Consistorio vitoriano para establecer unas mínimas garantías en las obras de titularidad municipal.

Según Roberto Salgado, del sindicato nacionalista, el caso de San Martín puede ser un paradigma, pero nunca un hecho aislado. "Es algo generalizado, es en San Martín, pero también en el centro cívico de Salburua, en la urbanización de Arkaiate, en la estación de autobuses... En tiempos de bonanza no había problema porque se estaba por encima de convenio, la gente trabajaba 10 horas y cobraba 1.600 o 1.700 euros, ahora trabajan igual a menos precio", afirma Salgado. ¿Cuánto menos? "Aquí hemos tocado suelo, hay nóminas de 1.400 euros pero luego cobran 1.000", señala Salgado, quien alerta de que el miedo al desempleo está instalado en el castigado sector de la construcción y que por ello estas situaciones no se dan a conocer. "Si denuncias te vas a la calle y no vuelves a trabajar en Vitoria", asegura.

Roberto Salgado insta al Ayuntamiento vitoriano a que actúe ante una situación de la que la institución se desentiende alegando que no es su competencia. "Es como si un señor empieza a disparar con una escopeta y no llaman a la Policía porque no es su competencia. ¿Si no actúa la Inspección de Trabajo nosotros no actuamos? Pues no, por lo menos en tu casa tienes que obrar como se debe", explica el sindicalista. "Todo esto -prosigue- tiene que salir a la luz, es una situación que se da en la obra privada y en la pública, pero en la privada es más difícil atajarlo". El representante de ELA se reunió recientemente con los grupos municipales para explicarles lo que ocurre en la obra pública de la ciudad. "Yo no pido que hagan leyes nuevas, sólo que se cumplan las que hay, ahora están castigando a quien hace las cosas bien", asegura.

Según el sindicalista, los trabajadores no cobran si se ponen enfermos, no cobran si hay un puente, no cobran las pagas extras que figuran en sus contratos, no tienen finiquito, no reciben toda la ropa de trabajo necesaria más allá de las botas, el chaleco y el arnés (a veces compartido por varios obreros). "En enero la primera semana fue fiesta y en vez de 1.000 euros cobraron 700, trabajando 200 horas reales", denuncia Salgado a modo de ejemplo.

Desde el equipo de gobierno, por su parte, aseguran estar atados de manos, pues dicen no poder actuar para atajar este tipo de prácticas que, insisten, denuncian con contundencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Ayer ELA reclamó, a través del grupo de EH Bildu, una serie de medidas para evitar estas situaciones. Por ejemplo, que las empresas adjudicatarias pongan un torno en las obras para que se controle quién entra y sale del tajo y cuándo lo hace, que se pague a los operarios mediante transferencia bancaria, tal y como establece el convenio de la construcción, o que se contraste cada mes el salario pagado a través del banco con las horas trabajadas. La moción insta además a la Inspección de Trabajo a que controle el cumplimiento de la normativa, y pide al Ayuntamiento que no sancione a las empresas que no cumplan los plazos por garantizar los derechos de sus trabajadores (el PSE no suscribió este punto). La iniciativa, que reclama al gobierno de Javier Maroto que revise la aplicación de la normativa en todas sus obras, y sancione a quien no cumple, salió aprobada con los votos de toda la oposición.

Sin embargo, su efectividad real es limitada, dado que el PP, que gobierna, se abstuvo, alegando que la obra del nuevo Ayuntamiento es privada y que las oficinas se instalarán allí en régimen de alquiler con derecho a compra. El concejal de Hacienda vitoriano, Manu Uriarte, rechazó que "se traslade la idea de que el Ayuntamiento puede arreglar esto", y por ello presentó una enmienda alternativa que reclama al Gobierno Vasco que cumpla con sus competencias en materia de derechos laborales.

"cumplir lo escrito" Por su parte, el concejal del PNV Borja Belandia instó al equipo de gobierno a "utilizar los mecanismos que tenemos, y si no los hay, inventarlos", pues a su juicio la picaresca en el sector va por delante de la Ley. Así, ahora que todos los niveles de la subcontratación son responsables de lo que ocurra en la obra (antes sólo la empresa que contrataba directamente al trabajador debía rendir cuentas), es necesario "hacer cumplir lo escrito" y que los operarios cobren lo que sus nóminas dicen que cobran.

Desde EH Bildu, David Pina insistió en la necesidad de introducir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, una potestad del Ayuntamiento que echa por tierra la idea de que la institución no puede evitar la precariedad en sus obras. Pina advirtió de que "cualquier día habrá un accidente (al parecer no siempre se garantizan las medidas de seguridad establecidas en este tipo de trabajos), nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos que hay que hacer algo".

Según el concejal de EH Bildu, los licitaciones públicas priman en demasía la oferta económica, lo que obliga a las empresas a tirar los precios y por ello luego repercuten el dinero que dejan de ganar en el sueldo de sus empleados.

Desde el PSE, la edil Marian Gutiérrez afirmó que la situación denunciada por ELA, "de ser cierta", es extremadamente grave, y por ello cree necesario instar al Gobierno Vasco a cumplir con sus responsabilidades, tal y como pide el PP. En todo caso, Gutiérrez recordó al equipo de gobierno que si bien los derechos laborales en la obra de San Martín, o en la de la estación, o en la del centro cívico de Salburua, o en la de la urbanización de Arkaiate, no son de su competencia, sí son de su incumbencia. "El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado", señaló Gutiérrez, quien al igual que Pina advirtió de que esta situación repercute en la seguridad de los trabajadores y de que en cualquier momento se puede producir un daño personal irreparable en una obra contratada por el Ayuntamiento.

Roberto Salgado, por su parte, intervino en el Pleno del Ayuntamiento gasteiztarra para arrojar luz sobre una situación que califica de "semiesclavismo. No debemos mirar para otro lado -exhortó-, son obras que se hacen con gente que vota para que ustedes estén aquí".

la cifra

La situación. ELA denuncia que en las obras municipales, en muchos casos, los trabajadores no cobran horas extras ni finiquitos ni bajas ni vacaciones. Según el sindicato, es habitual que los empleados reciban en mano un salario inferior al que figura en su nómina.

Las obras. Las empresas infractoras trabajan en las obras del nuevo Ayuntamiento de San Martín, de la estación de autobuses, del centro cívico de Salburua o en los trabajos de urbanización de Arkaiate.