ELA denuncia el esclavismo avalado por las instituciones en la obra pública
Para poner fin a la falta de medidas de seguridad como consecuencia del incumplimento de los convenios colectivos, ELA exige sancionar ejemplarmente a las empresas que no lo hagan y hacer un escrupuloso seguimiento de lo anterior a pie de obra. En el período 2010-2013 han muerto 40 trabajadores/as en la obra pública en Hego Euskal Herria.
Representantes de ELA han denunciado hoy en Bilbao que "en estos últimos años, se ha extendido en las obras una lacra que ya existía anteriormente a la crisis: la no aplicación de la legalidad más elemental, y la no aplicación de los convenios colectivos en particular". En la rueda de prensa han participado el secretario general adjunto, Luis Fernandez, y los responsables del sector en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, Igor San José, Joxean Marin y Roberto Salgado.
Han explicado que salarios de entre 5 y 7 € la hora trabajada, jornadas interminables, inexistencia de medidas de seguridad y salud laboral, ritmos extremos, y un largo etcétera constituyen el día a día de los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Los 237.000 desempleados que hoy tenemos en nuestro pais, son utilizados por las empresas como chantaje continuo bajo el “haces lo que yo diga o no vuelvas mañana”.
Está situación grave de por sí independientemente de la obra que se ejecute, cobra otra dimensión cuando estamos hablando de obras ejecutadas con dinero público. En las primeras, la desidia de la Inspección de Trabajo es palpable solo con entrar en cualquier obra. "En las obras públicas pasamos de la desidia a la irresponsabilidad de las instituciones que adjudican las obras. La situación es más grave, y con resultados de esclavitud extrema que, en demasiados casos, acaban incluso con la muerte de trabajadores".
En su opinión el esquema se repite:
Sale a concurso público una obra concreta por parte de la administración responsable. La cuantía de licitación viene fijada tras un análisis técnico
A partir de ahí, comienza la macabra subasta. Las empresas, normalmente configuradas como Uniones Temporales de Empresas (UTE), comienzan la puja.
La institución competente adjudica la obra con diferentes criterios, en el que el económico es pieza fundamental.
La obra es adjudicada por precios que suponen el 20, 30 y hasta 50% de reducción sobre la licitación.
A partir de ahí, comienza la explotación. Trabajadores subcontratados, atemorizados y con mucha necesidad de trabajar, deben aceptar condiciones de esclavismo. Los plazos de ejecución deben cumplirse porqué hay que inaugurar tal o cual carretera, edificio o estadio de fútbol, en una fecha concreta en la que la foto del político de turno encaje.
La institución competente alardea de haber adjudicado la obra por menos de lo esperado, con el ahorro correspondiente para las arcas públicas. La connivencia es total entre instituciones y empresas. Todos saben lo que pasa. Todos conocen la extrema precariedad de empleo que se genera con dinero público.
Eso si, cuanto fallece un trabajador, todos expresan su dolor.
En los últimos tiempos, tenemos muchos casos cortados por el mismo patrón y han citado cuatro ejemplos:
San Mames Barria
Edificio Tabacalera de Donosti
Estación de Autobuses de Gasteiz
Tren de Alta Velocidad
Ante todo esto, desde ELA lleva años intentando denunciar y solucionar cada situación en particular. Hace ya más de un año, registramos en las Juntas Generales de cada territorio histórico un documento para erradicar esta “ruleta rusa”. En este sentido, han subrayado que "la solución pasa por introducir en los pliegos de condiciones la obligatoriedad de cumplir con los convenios colectivos y el resto de la legislación vigente; sancionar ejemplarmente a las empresas que no lo hagan; hacer un escrupuloso seguimiento de lo anterior a pie de obra.
Para ELA esto es incompatible con adjudicar las obras a precio de saldo. La rebaja de los precios de adjudicación es directamente proporcional a todo tipo de incumplimientos.
Han explicado que se ha dirigido a las tres diputaciones para buscar una solución a este grave problema. Mientras que desde las diputaciones de Bizkaia y Araba no ha habido contestación, la Diputación de Gipuzkoa ha contestado positivamente.Tras algunos meses de debate, el 9 de julio se aprobó una Norma Foral con votos favorables de Bildu, Aralar y PSE, cuya filosofía y texto recoge muchas de nuestras peticiones, y que valoramos positivamente. El problema está en el nulo o insuficiente seguimiento de las obras.
Para ELA los accidentes laborales son consecuencia de estas políticas. Los datos de siniestralidad en Obra Pública no se desglosan para su cómputo. Para muestra de la precariedad existente en la Construcción, aportan un dato. Los accidentes mortales en todo el sector son la dramática punta del iceberg de un problema mucho más global.
PERIODO
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MUERTES EN ACCIDENTE LABORAL
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2010-2013
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40 PERSONAS
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ELA insta a las administraciones a que se comprometan a introducir en todos los pliegos de condiciones en las adjudicaciones de Obra Pública cláusulas que garanticen el cumplimiento de los Convenios Territoriales sin aplicación de la Reforma Laboral, en toda la obra, incluidas las subcontratas. De la misma manera que se recoja un compromiso en los mismos a que se cumpla el resto de la Legislación y en especial la normativa de Prevención y Riesgos Laborales.
Asimismo, exige que se establezcan penalizaciones ejemplares a las empresas que incumplan estos preceptos y los mecanismos necesarios para el seguimiento y cumplimiento de éstas cláusulas a pie de obra.
Por último, señala que se adjudiquen las Obras Públicas con criterios que potencien la calidad y las condiciones sociales y de trabajo, y no por criterios estrictamente económicos, autentica raíz del problema.
