Mil euros por tres meses de trabajo en una obra de Gasteiz

Por un chusco de pan

Mil euros por tres meses de trabajo, diez personas en una vivienda y la amenaza constante del despido. El centro cívico de Salburua va tomando forma gracias a un régimen de semiesclavitud por el descontrol en la subcontratación.

ELA denuncia semiesclavitud en las obras del nuevo centro Cívico de Salburua de Gasteiz

NOTICIAS DE ALAVA 30/V/2014

en un piso del barrio de Judimendi, muy cerca de donde el Ayuntamiento de Vitoria levanta el nuevo centro cívico de Salburua, diez personas viven hacinadas durante los escasos ratos que sus jornadas de once horas les permiten descansar fuera del tajo. Son trabajadores de una subcontrata cuyo propietario, que vive en la Comunidad Valenciana, les trae periódicamente hasta Gasteiz, cobrándoles veinte euros por el desplazamiento.

A ello hay que sumarle los 50 euros que han de abonar por cada par de botas de seguridad que reciben. Una vez en Vitoria, los currelas tienen que llenarse la nevera y corren con los gastos de luz y agua de la vivienda. Allí llegan cada tarde y hacen turnos para poder ducharse antes de ver un rato la tele junto a la puerta de la casa, donde han improvisado una sala de estar, y acostarse en los colchones que hay repartidos por todo el piso en el que el subcontratista hacina a sus trabajadores.

Según aseguran desde el sindicato ELA, una televisión de plasma casi más grande que el recibidor donde se ubica preside la entrada a la casa, donde varias barras de pan esperan en bolsas de plástico a ser consumidas a la hora de la cena.

El resto de la vivienda se dedica casi exclusivamente a colocar colchones y camas deshechas, rodeadas de ropa tirada por el suelo, calzado, bolsas de viaje abiertas y un olor a aglomeración más propio de un vagón de metro en hora punta que de un lugar en el que vivir.

Ninguno de estos empleados, la inmensa mayoría ciudadanos de Rusia y de otros países de la Europa del Este, que no hablan castellano, dispone de una nómina para conocer las condiciones a cambio de las cuales trabaja. Por tres meses de trabajo, con centenares de horas de faena por encima de lo que marca el convenio de Álava, al que por ley deben estar sujetos, se van a su casa con unos 1.000 euros, tirando por lo alto, y mientras el penúltimo centro cívico de Gasteiz va tomando forma día a día. ELA denunció ayer que esta situación de semiesclavismo se reproduce en las obras públicas de la ciudad y de toda la Comunidad Autónoma Vasca.

Los trabajadores no pueden denunciar o reclamar su dinero. Si lo hacen, inmediatamente son despedidos y por lo tanto expulsados, en el acto, de las viviendas que habitan. Sin un lugar donde dormir, sin un euro en el bolsillo, sin saber el idioma, a estas personas sólo les queda mendigar para comprar un billete de autobús y volverse a su país con el lomo doblado, una mano delante y la otra detrás. Eso está pasando aquí y ahora según denunció ayer el responsable de Construcción de ELA en Álava, Roberto Salgado. "Son otra vez las batallitas que me contaba mi abuelo", afirmó el sindicalista gasteiztarra, quien asegura que al no disponer de nóminas, los trabajadores no saben cuánto reclamar, si es que se atreven a hacerlo.

Si lo hacen, lo máximo que le puede pasar al subcontratista es que deba pagar lo que debe, pues en los pliegos de condiciones no se recogen sanciones, pese a que las Juntas Generales, tanto aquí como en Gipuzkoa, aprobaron una moción en la que pedían que así fuera. "Si denuncia uno de cada diez, siendo optimistas, le pagas lo que le debes y cuelas a otros nueve", explicó al respecto Luis Fernández, responsable nacional de Construcción de ELA. Salgado, por su parte, aseguraba que la degradación que se daba hace unos años en la Rioja Alavesa con los temporeros, y que se erradicó de raíz, es la que se está dando ahora en el sector donde más se ha cebado el desempleo. "La situación es estremecedora, pero tenemos muchas dificultades para obtener relatos concretos porque los trabajadores tienen miedo de perder su puesto", señaló por su parte Fernández, quien afirmó que con el centro cívico de Salburua se ha dado un salto cualitativo, pues es la primera vez que ELA constata la existencia de hacinamiento de trabajadores en una obra pública.

La raíz del problema La subcontrata es la responsable directa de la situación que viven estos trabajadores, pero según ELA, es en las instituciones públicas donde reside la raíz del problema. El centro cívico se licitó inicialmente por 13,5 millones, luego se rebajo a 12,5, y al final se adjudicó por 8,9, un 30% menos de lo que los técnicos municipales estimaron que costaría hacerlo contemplando el lógico y legítimo beneficio empresarial. Antes, la ley dictaba que las bajas temerarias debían ser eliminadas de los concursos, ahora basta con justificar esas bajas para seguir en la pugna por los contratos. "Tú dices que vas a Madrid andando en 10 horas, lo justificas diciendo que irás a 30 kilómetros por hora y ya está", resumió a modo de ejemplo Salgado, que acusó a estas subcontratas de ser "piratas que vienen a esta ciudad a saquear sus arcas" con la connivencia institucional y bajo un régimen destajista, siempre con el objetivo de acabar a tiempo para la inauguración.

"¿Cómo puede ser más competitiva una empresa que va y viene desde Valencia que las de aquí?", se preguntó Salgado, quien dijo que este tipo de subcontratas carecen de sede social y por lo tanto "son impunes".

Las UTE que ganan los concursos, señala ELA, "son todo disponibilidad" a la hora escuchar las quejas sobre las condiciones de trabajo en sus obras, pero estas se siguen dando a la oferta más barata. A la construcción del instituto de Mariturri se han presentado dos bajas temerarias, y en la licitación de la depuradora de aguas residuales de Villabuena, encargada por el Gobierno Vasco, la oferta económica cuenta con un máximo de 60 puntos, excesivo para los sindicatos.

Según Luis Fernández, este tipo de política de adjudicaciones se repite en proyectos adjudicados fuera de Álava, como el de San Mamés Barria, y está detrás de las siete muertes acaecidas en las obras del TAV. Mientras, la Inspección de Trabajo no responde a las recurrentes denuncias sindicales. "En el Ayuntamiento de Vitoria se han debatido mociones sobre esta cuestión, pero queremos una voluntad política real que todavía hoy no vemos; las obras se siguen adjudicando al mejor postor", afirmó.

Las medidas Vista la situación concreta de las obras del centro cívico, ELA ha contactado con los agentes sociales del barrio para que "reclamen que su centro cívico se construya en unas condiciones laborales dignas", explicó Fernández, quien aseguró que sólo la suerte ha impedido que haya siniestros mortales en las obras públicas de la ciudad, pues "el riesgo de accidentabilidad es muy superior a la media cuando se trabaja a ritmos exagerados".

Para evitar que se llegue a un desenlace fatal, el sindicato ha llamado a la UTE del centro cívico y al Ayuntamiento a reunirse en el seno del PRECO, el Procedimiento Voluntario para la Solución de Conflictos Laborales, y estudia además interponer una denuncia penal por la situación de hacinamiento detectada, y hacerlo además en nombre del propio sindicato, pues "ningún trabajador va a poner su nombre" en una demanda de este tipo.

Informe de OSALAN sobre el último accidente en las obras del TAV

Un trabajador murió aplastado por un compresor que no debía remolcar

El trabajador José María Castillo Alonso murió el 26 de agosto de 2013 aplastado por un compresor de 6,5 toneladas tras un accidente en el tramo Bergara-Antzuola del TAV. Según el informe de Osalan al que ha tenido acceso GARA, la máquina perforadora que conducía el obrero nunca debió emplearse para remolcar el compresor. La hipótesis más racional es que el compresor desestabilizó la perforadora, que perdió la dirección. El trabajador cayó y resultó atropellado.

 

Accidente en las obras del TAV en el tramo Bergara - Antzuola

GARA 21/V/2014

El 26 de agosto del pasado año, el trabajador madrileño José María Castillo Alonso, de 44 años de edad, falleció en las obras de la «Y vasca». Conducía una máquina perforadora que remolcaba un compresor de 6,5 toneladas. Tras haber realizado unos trabajos en el tramo Bergara-Antzuola, los empleados estaban procediendo a trasladar la maquinara por una pista hasta el lugar en el que sería cargada en camiones para su traslado por carretera.

La velocidad de conducción de la perforadora era de 2 km/h. Pese a ello, tras salir de una curva, el operario perdió el control de la máquina, avanzó en línea recta unos cuarenta metros y acabó saliéndose de la vía hacia la derecha y chocando contra el terreno. Tras el impacto, la perforadora giró bruscamente, al igual que el compresor que remolcaba, que atropelló al trabajador, que se encontraba ya en el suelo, causándole la muerte.

Como viene haciendo en los accidentes laborales con víctimas mortales que se producen en las obras públicas, EH Bildu solicitó que se remitiera al Parlamento el informe de Osalan relativo a la muerte de José María Castillo. Del análisis de todos los datos estudiados, se concluye -como recoge la Inspección de Trabajo- que «el fabricante no prevé el uso de la perforadora para remolcar nada». Pese a ello, era lo que se hacía habitualmente para bajar el compresor desde el punto de trabajo hasta dónde pudiera ser cargado en un camión.

«Contradiciendo los manuales»

Durante la investigación del accidente, Osalan constató que el manual de instrucciones de la perforadora que se le había dado al trabajador no correspondía a la máquina que utilizaba, sino a otra del mismo modelo pero cuatro años más moderna y con pequeñas diferencias. El manual de instrucciones del equipo de trabajo que empleaba realmente el accidentado no está disponible en castellano; únicamente había una copia en alemán.

Una vez traducido el manual de instrucciones durante la investigación del accidente, Osalan señala -y así lo recoge el informe de la Inspección de Trabajo- que el fabricante no prevé el uso de la perforadora para remolcar ninguna otra máquina. Explica que, «haciendo una interpretación más laxa» del texto, «podría llegarse a la conclusión de que solo en posición de trabajo» podría acoplarse a otro equipo de trabajo pero, en cualquier caso, con un peso que no llegara a las 4 toneladas, cuando el compresor pesaba 6,5.

Además de que la perforadora no debía haber remolcado nunca el compresor, el enganche de ambas máquinas se hizo de manera incorrecta, a distinta altura de la prevista. El manual del compresor establece que es preciso comprobar que el ángulo con el vehículo de transporte, no debe superar los 10 grados. En este caso también se incumplía con esta obligación.

Osalan concluye que el trabajo se realizó contradiciendo varios puntos de los manuales de instrucciones y especifica que, en caso de duda, siempre «debería haberse descartado el remolque» del compresor.

«No era la primera vez»

Sin embargo, de las declaraciones recabadas, lo de remolcar el compresor con la máquina perforadora «no es la primera vez que se hacía», siendo un procedimiento conocido por la empresa y los trabajadores.

La hipótesis más razonable del accidente, según Osalan, es que el remolcar un compresor de semejante peso, y que al no respetar los ángulos de enganche estaría soportando un desequilibrio de carga entre los ejes, «podría haber provocado una acción en la parte posterior de la perforadora, no prevista por el fabricante». Esa sobrecarga contribuyó a que la máquina perforadora no pudiera frenar debidamente.

El informe también baraja que la frenada se hubiera podido ver influida por carencias en el mantenimiento de las cadenas de la oruga, pero señala que este punto no es verificable porque el manual del fabricante no da las instrucciones necesarias y en el momento del accidente estaban «parcialmente colmatadas de Barro».

Osalan también constata que la empresa propietaria de la perforadora -que había sido alquilada por la del obrero fallecido- «no tenía modo de confirmar que el mantenimiento preventivo se realizaba de la manera indicada por el fabricante del equipo, ya que el dispositivo que cuenta las horas de uso estaba inutilizado».

La empresa Cimentaciones Singulares SA, para la que trabajaba el fallecido José María Castillo, era una subcontrata de una subcontrata. La UTE Bergara-Antzuola, compuesta por FCC, DC y Lurgoien, subcontrató a Geotécnica y Cimientos SA para la ejecución de «drenes californianos». Esta empresa, a su vez, contrató a la del trabajador afectado para efectuar las «perforaciones para la introducción de los drenes». Y la maquinaria fue alquilada a Ecorent Alquiler de Maquinaria SL.

Denuncia de falta de seguridad

La muerte de José María Castillo fue la sexta que se produjo en la obras de la «Y vasca» y los sindicatos revelaron las prisas existentes para avanzar en el tramo guipuzcoano, dependiente del Gobierno de Lakua.

Este pasado domingo, Igor San José, responsable de construcción de ELA, relataba en GARA el cúmulo de irregularidades que se están produciendo en las obras de la «Y vasca», con situaciones de «explotación laboral y salarios un 70% inferiores a los fijados por el convenio de la construcción de Gipuzkoa».

San José denunciaba que a la pasividad del Gobierno de Lakua a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores se le une la inacción de la Inspección de Trabajo, que ni siquiera inicia los trámites y gestiones habituales para resolver las denuncias interpuestas.

Tampoco se está permitiendo -pese a ser incluso una petición parlamentaria- el acceso de representantes sindicales a las obras.

Explosivos quemados a mano

Cabe destacar, como exponente de la absoluta falta de seguridad de algunos trabajos, el caso desvelado por GARA el pasado 11 de mayo. El obrero ucraniano Mykola Vyschenkyy resultó muerto y el búlgaro Dragomiv Yordanov gravemente herido el 9 de diciembre de 2010 por destruir el explosivo echando los cartuchos uno a uno al fuego desde unos seis metros cuando debían estar a cuatrocientos. Carecían de formación, nadie les dirigía y «se hacía siempre igual», según la declaración de Yordanov en un juzgado de Gasteiz a la que tuvo acceso este diario.

El trabajador búlgaro explicó que «no tenía carnet de artillero y era necesario para realizar la labor», añadiendo que consiguió dicho documento «tres meses después del accidente».

La empresa Hergon, para la que trabajaba, no constaba inscrita como habilitada para la ejecución de voladuras especiales, ni su póliza de responsabilidad civil incluía las voladuras u otros trabajos que estuvieran relacionados con estas.

Obra pública precaria en el Ayuntamiento de Gasteiz

Obra pública precaria

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento instaron ayer al PP a que vigile con más celo las obras municipales. En muchos casos, los operarios cobran sus salarios en mano y por debajo de lo que reflejan las nóminas que les obligan a firmar.

Las obras del Ayuntamiento de Gasteiz denunciadas por ELA

 "Si no cobras por debajo del convenio no trabajas". En la obra del Ayuntamiento de San Martín, reflejada en la imagen, esa frase abarata automáticamente los costes laborales a las empresas adjudicatarias, que repercuten en los trabajadores las rebajas ofrecidas al Ayuntamiento.

 

Noticias de Alava 07/V/2014

el sector de la construcción se mantiene en estado comatoso un lustro después de la instauración de la crisis económica y, aunque la obra pública también ha caído en picado, las instituciones siguen construyendo, poco o mucho. Por ello, las empresas del sector pujan fuerte por hacerse con los contratos públicos, y las administraciones aprovechan su posición de fuerza para alcanzar bajas en los concursos desconocidas cuando el dinero del ladrillo inyectaba las venas de la economía de millones y millones de euros.

Como denunciaba el pasado otoño el concejal del PNV Iñaki Prusilla, en Gasteiz hay firmas que con puntuaciones técnicas de 7 sobre 30 le han ganado concursos a empresas que sacaron 27 puntos en esta valoración, y lo han hecho porque son capaces de presentar rebajas de incluso el 40% sobre el precio de licitación, en un contexto en el que la media de los descuentos es de un ya importante 30%. A priori, la situación beneficia al contribuyente, pues supone un menor gasto de la caja de todos, pero la moneda tiene otra cara.

En obras de titularidad pública como la del Ayuntamiento de San Martín, los trabajadores cobran en negro, echan jornadas de más de diez horas diarias de duración, ingresan 6 euros por hora, y son advertidos de que si denuncian al día siguiente otro trabajador ocupará su lugar, según denuncia ELA y según expone también EH Bildu, que ayer presentó una moción en el Consistorio vitoriano para establecer unas mínimas garantías en las obras de titularidad municipal.

Según Roberto Salgado, del sindicato nacionalista, el caso de San Martín puede ser un paradigma, pero nunca un hecho aislado. "Es algo generalizado, es en San Martín, pero también en el centro cívico de Salburua, en la urbanización de Arkaiate, en la estación de autobuses... En tiempos de bonanza no había problema porque se estaba por encima de convenio, la gente trabajaba 10 horas y cobraba 1.600 o 1.700 euros, ahora trabajan igual a menos precio", afirma Salgado. ¿Cuánto menos? "Aquí hemos tocado suelo, hay nóminas de 1.400 euros pero luego cobran 1.000", señala Salgado, quien alerta de que el miedo al desempleo está instalado en el castigado sector de la construcción y que por ello estas situaciones no se dan a conocer. "Si denuncias te vas a la calle y no vuelves a trabajar en Vitoria", asegura.

Roberto Salgado insta al Ayuntamiento vitoriano a que actúe ante una situación de la que la institución se desentiende alegando que no es su competencia. "Es como si un señor empieza a disparar con una escopeta y no llaman a la Policía porque no es su competencia. ¿Si no actúa la Inspección de Trabajo nosotros no actuamos? Pues no, por lo menos en tu casa tienes que obrar como se debe", explica el sindicalista. "Todo esto -prosigue- tiene que salir a la luz, es una situación que se da en la obra privada y en la pública, pero en la privada es más difícil atajarlo". El representante de ELA se reunió recientemente con los grupos municipales para explicarles lo que ocurre en la obra pública de la ciudad. "Yo no pido que hagan leyes nuevas, sólo que se cumplan las que hay, ahora están castigando a quien hace las cosas bien", asegura.

Según el sindicalista, los trabajadores no cobran si se ponen enfermos, no cobran si hay un puente, no cobran las pagas extras que figuran en sus contratos, no tienen finiquito, no reciben toda la ropa de trabajo necesaria más allá de las botas, el chaleco y el arnés (a veces compartido por varios obreros). "En enero la primera semana fue fiesta y en vez de 1.000 euros cobraron 700, trabajando 200 horas reales", denuncia Salgado a modo de ejemplo.

Desde el equipo de gobierno, por su parte, aseguran estar atados de manos, pues dicen no poder actuar para atajar este tipo de prácticas que, insisten, denuncian con contundencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Ayer ELA reclamó, a través del grupo de EH Bildu, una serie de medidas para evitar estas situaciones. Por ejemplo, que las empresas adjudicatarias pongan un torno en las obras para que se controle quién entra y sale del tajo y cuándo lo hace, que se pague a los operarios mediante transferencia bancaria, tal y como establece el convenio de la construcción, o que se contraste cada mes el salario pagado a través del banco con las horas trabajadas. La moción insta además a la Inspección de Trabajo a que controle el cumplimiento de la normativa, y pide al Ayuntamiento que no sancione a las empresas que no cumplan los plazos por garantizar los derechos de sus trabajadores (el PSE no suscribió este punto). La iniciativa, que reclama al gobierno de Javier Maroto que revise la aplicación de la normativa en todas sus obras, y sancione a quien no cumple, salió aprobada con los votos de toda la oposición.

Sin embargo, su efectividad real es limitada, dado que el PP, que gobierna, se abstuvo, alegando que la obra del nuevo Ayuntamiento es privada y que las oficinas se instalarán allí en régimen de alquiler con derecho a compra. El concejal de Hacienda vitoriano, Manu Uriarte, rechazó que "se traslade la idea de que el Ayuntamiento puede arreglar esto", y por ello presentó una enmienda alternativa que reclama al Gobierno Vasco que cumpla con sus competencias en materia de derechos laborales.

"cumplir lo escrito" Por su parte, el concejal del PNV Borja Belandia instó al equipo de gobierno a "utilizar los mecanismos que tenemos, y si no los hay, inventarlos", pues a su juicio la picaresca en el sector va por delante de la Ley. Así, ahora que todos los niveles de la subcontratación son responsables de lo que ocurra en la obra (antes sólo la empresa que contrataba directamente al trabajador debía rendir cuentas), es necesario "hacer cumplir lo escrito" y que los operarios cobren lo que sus nóminas dicen que cobran.

Desde EH Bildu, David Pina insistió en la necesidad de introducir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, una potestad del Ayuntamiento que echa por tierra la idea de que la institución no puede evitar la precariedad en sus obras. Pina advirtió de que "cualquier día habrá un accidente (al parecer no siempre se garantizan las medidas de seguridad establecidas en este tipo de trabajos), nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos que hay que hacer algo".

Según el concejal de EH Bildu, los licitaciones públicas priman en demasía la oferta económica, lo que obliga a las empresas a tirar los precios y por ello luego repercuten el dinero que dejan de ganar en el sueldo de sus empleados.

Desde el PSE, la edil Marian Gutiérrez afirmó que la situación denunciada por ELA, "de ser cierta", es extremadamente grave, y por ello cree necesario instar al Gobierno Vasco a cumplir con sus responsabilidades, tal y como pide el PP. En todo caso, Gutiérrez recordó al equipo de gobierno que si bien los derechos laborales en la obra de San Martín, o en la de la estación, o en la del centro cívico de Salburua, o en la de la urbanización de Arkaiate, no son de su competencia, sí son de su incumbencia. "El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado", señaló Gutiérrez, quien al igual que Pina advirtió de que esta situación repercute en la seguridad de los trabajadores y de que en cualquier momento se puede producir un daño personal irreparable en una obra contratada por el Ayuntamiento.

Roberto Salgado, por su parte, intervino en el Pleno del Ayuntamiento gasteiztarra para arrojar luz sobre una situación que califica de "semiesclavismo. No debemos mirar para otro lado -exhortó-, son obras que se hacen con gente que vota para que ustedes estén aquí".

la cifra

La situación. ELA denuncia que en las obras municipales, en muchos casos, los trabajadores no cobran horas extras ni finiquitos ni bajas ni vacaciones. Según el sindicato, es habitual que los empleados reciban en mano un salario inferior al que figura en su nómina.

Las obras. Las empresas infractoras trabajan en las obras del nuevo Ayuntamiento de San Martín, de la estación de autobuses, del centro cívico de Salburua o en los trabajos de urbanización de Arkaiate.