Explotación en la variante de Hernani

Los trabajadores de contratas en la variante de Hernani verán mejorados sus sueldos un 60%

El responsable de la construcción de ELA Igor San Jose
con dos trabajadores de la variante de Hernani

Unos 40 operarios verán equiparadas sus condiciones al convenio de gipuzkoa

Las denuncias de ELA y la mediación de la Diputación con la UTE adjudicataria han forzado la revisión salarial

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS de GIPUZKOA 19/11/2011

Donostia. Ha sido una carrera de fondo, de denuncia constante por parte de distintos agentes, sobre todo del sindicato ELA, en este caso, y de implicación institucional. Primero de las Juntas Generales, que en noviembre de 2010 aprobaron una enmienda que instaba a la Diputación a extremar el celo para que en las obras públicas de Gipuzkoa se aplique de forma generalizada el convenio territorial de la construcción. Y finalmente, ha sido la propia Diputación la que ha mediado en el asunto y ha propiciado un acuerdo con la propia UTE adjudicataria de las obras de la variante de Hernani.

El resultado ha sido una mejora salarial de más del 60% para los más de 40 trabajadores, en su mayoría de nacionalidad portuguesa, que, según ELA, vienen trabajando desde enero en las obras de la variante de Hernani para distintas empresas subcontratadas por la adjudicataria, UTE Hernani (Acciona y Obegisa).

Según denuncia el responsable de la construcción de ELA, Igor San José, que lleva tiempo a pie de obra sensibilizando a operarios y detectando irregularidades, "solo unos doce" del medio centenar de trabajadores que están en estas obras pertenecen a las empresas de la UTE, a los que sí se aplica el convenio. Sin embargo, otros 40 aproximadamente trabajan por seis euros la hora y lo hacen durante diez horas al día. Es decir, cobrando unos 1.000 euros, mientras deberían cobrar unos 1.600 euros al mes, trabajando ocho horas, explica San José.

El responsable sindical asegura lo costoso que ha sido hacer entender a muchos trabajadores foráneos que se consideraban bien pagados, que les corresponde cobrar más. "¿Cómo les explicas que no quieres que cierren su empresa y que les quiten el trabajo, que solo quieres que les paguen lo que les corresponde? no ha sido fácil", apunta. ELA ha conseguido finalmente, con la mediación de la Diputación, que se produzca la equiparación.

La variante de Hernani es la primera construcción de obra pública que en sus pliegos de licitación incluía la petición de las Juntas Generales para que se aplique el convenio de Gipuzkoa. Al detectar que se incumplía este mandato, ELA interpuso a principios de este año una denuncia ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Gipuzkoa por explotación laboral y la inaplicación del convenio colectivo de la construcción. Volvió a hacerlo el pasado 14 de octubre y en "ningún momento ha tenido respuesta de la Inspección de Trabajo".

Sin embargo, tras reunirse con la Diputación el 20 de octubre, concretamente con la diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, y su director, Joseba Altube, el ente foral -a pesar de no tener competencia inspectora- inició una investigación para corroborar las denuncias de ELA. Según indican fuentes forales, "en vista de los acontecimientos, se habló con las empresas y se les planteó que hay que cumplir el convenio, algo que acogieron con buena disposición".

 

ELA destaca el papel de la Diputación de Bildu en el acuerdo con la UTE Hernani

ELA destaca el papel de la Diputación de Bildu en el acuerdo con la UTE Hernani
 


Obras variante Hernani

ELA destacó ayer el papel jugado por la Diputación de Gipuzkoa en la resolución del conflicto de la UTE Hernani, donde los subcontratados se encontraban en condiciones laborales y salariales inferiores a las marcadas en el convenio de la Construcción. Tras la denuncia de ELA, el Departamento de Movilidad e Infraestructuras indagó y tomó cartas en el asunto, lo que ha propiciado que se normalice la situación.



GARA 19/11/2011

Igor San José, responsable del sector de la Construcción y Obras Públicas de ELA, afirmó ayer a GARA que «si hay voluntad institucional y política se pueden garantizar los derechos laborales en las obras públicas». San José se refería al acuerdo que alcanzado en la UTE Hernani, que construye la variante de ese municipio, y donde ha intervenido el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viaria, que dirige la diputada foral Larraitz Ugarte, de Bildu.

A principios de este año, ELA interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo «por explotación laboral y la no aplicación del convenio colectivo de la Construcción en las obras de la variante de Hernani». Esa obra está financiada por la Diputación. Según explicó a GARA Igor San José, se reunió con la Administración foral para solucionar el tema. «A pesar de darnos la razón, no hubo una respuesta posterior para solucionar el problema desde la Diputación del PNV, pero tampoco de la Inspección de Trabajo».

Resuelto en un mes

El pasado 14 de octubre, ELA presentó otra denuncia en términos similares a la de comienzos de año. En esta ocasión, la Diputación está gobernada por Bildu. El día 20 de octubre se reunieron con la diputada foral y miembros de su equipo «para explicarles la situación de la obra de Hernani, y decidieron de inmediato efectuar su propia investigación».

Una vez que la Diputación de Bildu concluyó la investigación, «ratificó la denuncia de ELA» y «exigió a las empresas adjudicatarias la aplicación del convenio de la Construcción de Gipuzkoa en las subcontratas de la obra, que son las que más trabajadores emplean».

Larraitz Ugarte se ha comprometido, según indicó el responsable de ELA, «a realizar un seguimiento exhaustivo de los derechos laborales en la obra y en las posteriores que promueva la Diputación de Gipuzkoa».

San José afirmó que éste es un ejemplo de que si hay «voluntad institucional y política se puede garantizar el respeto de los derechos laborales, unas condiciones dignas para evitar el dumping empresarial en las obras públicas». Si Bildu ha actuado de una manera responsable a favor de las condiciones fijadas en el Convenio de la Construcción, ELA denuncia el papel de la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa que, «teniendo dos denuncias encima de la mesa sobre la situación ilegal, de fraude y de explotación en las obras de la variante de Hernani, no se ha pronunciado en todo este tiempo, casi un año», a pesar de la «gravedad» de la denuncia.

El responsable sindical explicó que, a partir de este momento, «mantendremos una campaña de acción sindical para denunciar el incumplimiento del convenio colectivo y con ese objetivo nos hemos reunido con la UTE Hernani, comprobando la situación laboral y salarial de todas las personas que están trabajando en la obra».

Igor San José insistió que van a estar «vigilantes» para que los empresarios no se echen atrás y, «si lo hacen, les denunciaremos, porque los derechos de los trabajadores se deben cumplir por todos, más en las obras que encargan las administraciones públicas, que deben ser las que den ejemplo». En este caso, ELA reconoce el papel destacado que ha tenido la Diputación gobernada por Bildu para la resolución de este conflicto «con brevedad y de forma satisfactoria». Ese paso no lo dieron ni el PNV ni la Inspección de Trabajo.

ELA entiende, por último, que los empresarios deben cumplir «los convenios que firman» y pide que se extiendan los controles en las obras públicas y «se nos deje estar con los trabajadores para conocer su situación laboral. Es necesario».

El Gobierno de Gasteiz no interviene en las obras del TAV

En el otro lado de la balanza, ELA denunció que el Gobierno de Gasteiz, dirigido por el PSE y cotitular de las obras del tren de alta velocidad (TAV-AHT), permite la «inaplicación de los derechos laborales, el fraude, los incrementos exagerados en los ritmos de trabajo y las funestas medidas de seguridad y salud laboral». En esas obras han fallecido hasta este momento cinco trabajadores.

«Hemos denunciado en muchísimas ocasiones ante la Inspección de Trabajo y ante el Departamento de Trabajo la situación de ilegalidad que se produce, pero siempre nos han dado largas y no han hecho nada»

ELA denuncia que «el Gobierno de Patxi López no mueve ni un sólo dedo porque existe cobertura política de las instituciones responsables, como el Departamento de Transportes y Obras Públicas y de Euskal Trenbide Sarea (ETS), para con las empresas que explotan a la gente».

Recuerda que desde el principio negaron a ELA la posibilidad de visitar a los trabajadores en las obras, aunque «lo hemos conseguido». En esos encuentros, según manifiesta ELA, «hemos comprendido el talante, la actitud y lo mucho que tienen que ocultar los responsables de las obras. Nos ponen una vigilancia exagerada, nos siguen a todas partes, incluso utilizando a la Ertzaintza, para negarnos el acceso a ciertas zonas de la obra. Destinan docenas de personas y un injustificable coste económico para vigilarnos, pero ni un sólo medio para garantizar las condiciones laborales en las obras».

Afirma, por otro lado, que se realizan jornadas ilegales de doce horas, pese a las reiteradas denuncias.

Denuncia a una empresa del TAV

ELA denuncia a Excavaciones Jove del TAV por «jornadas abusivas»

 

ELA ha presentado ante la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa una denuncia contra la empresa Excavaciones Jove, que trabaja en las obras del TAV-AHT, en el tramo de Tolosa porque no aplica el convenio colectivo de la Construcción de Gipuzkoa y sus trabajadores realizan jornadas de doce horas. El último muerto en setiembre en las obras del TAV fue de esta empresa.

 

 

GARA 02/11/2011

Igor San José, responsable del sector de la Construcción y Obras Públicas de ELA, ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa contra Excavaciones Jove SL, con domicilio en Asturias. Esta empresa trabaja en las obras del tren de alta velocidad a la altura de Tolosa (UTE Tolosa).
La denuncia a la que ha tenido acceso GARA recuerda que esa ´« debería cumplir con el convenio colectivo de la Construcción de Gipuzkoa, pero «no aplica ese convenio a sus ocho trabajadores».
Ante la Inspección de Trabajo, San José explica que «los trabajadores están realizando turnos de doce horas diarias y cobrando muy por debajo de lo establecido en el convenio de Gipuzkoa», a la vez que entiende que «dicha jornada es abusiva y totalmente ilegal».

Un fallecido en setiembre

Se da la circunstancia, como explica el responsable de ELA, que un trabajador de esa misma empresa «perdió la vida el 6 de setiembre a las 3:50 horas de la madrugada al precipitarse por una ladera en el «camión lagarto» que conducía». El trabajador llevaba «más de ocho horas trabajadas en el turno de tarde-noche, siendo totalmente abusivo e ilegal». Fue el quinto trabajador que ha fallecido en las obras del tren de alta velocidad, cuestionado por la sociedad vasca.
En este sentido, Igor San José indica en la nueva denuncia que «tras muchas visitas a las obras del TAV-AHT hemos podido constatar que realmente los trabajadores de Excavaciones Jove siguen, tras el accidente mortal de su compañero, trabajando en situación ilegal, de explotación y cobrando muy por debajo de lo establecido en el convenio colectivo de la Construcción de Gipuzkoa».
Acusa de forma directa a la UTE Tolosa, formada por las empresas Dragados, Obras Subterráneas SA (OSSA), Construcciones Civiles Leza y Euskal Trenbide Sarea (ETS) y el Gobierno vasco «como principales responsables de las condiciones infrahumanas e ilegales que se están produciendo en esta obra de tan elevado coste económico y humano».
ELA mantiene un control y una demanda para que se cumplan las condiciones de trabajo dignas en esa obra. Sin embargo, las empresas que trabajan en la misma dificultan el acceso de las centrales sindicales y cuando lo han permitido se ha debido a demandas ante la Inspección de Trabajo, aunque siempre bajo control y seguimiento.

quinto Fallecido

En setiembre un trabajador de la empresa de Asturias falleció en Tolosa al caer por una ladera cerca de las cuatro de la madrugada. Fue el quinto fallecido de las obras del TAV-AHT, una obra cuestionada.

Presión para garantizar condiciones laborales dignas

El 26 de mayo de 2011 el Parlamento de Gasteiz pidió al Gobierno de Patxi López que «los sindicatos pudieran tener acceso a toda obra pública y la verificación de las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores». En julio, ELA presentó dos denuncias «por no dejarnos acceder a la obra». Tras dos reuniones con el Departamento de Empleo, «nos comentaron que no se puede sancionar económicamente a la empresa que gestiona las obras del TAV, es decir Euskal Trenbide Sarea (ETS) por ser una empresa pública y no poder autosancionarse el Gobierno». La sanción de la Inspección era de 187.000 euros, En setiembre vuelven a dar la razón a ELA y hasta el 23 de setiembre no entra en las obras.