ELA ha solicitado comparecer ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento Vasco, para poder explicar las gravísimas irregularidades detectadas y demostradas por este sindicato en diversas obras públicas promovidas por el Gobierno vasco.
MOTIVO DE LA PETICIÓN DE COMPARECENCIA:
Muchos trabajadores y trabajadoras de la construcción están trabajando en obras públicas promovidas por este Gobierno Vasco en condiciones de precariedad absoluta; con jornadas maratonianas, ritmos exagerados de trabajo y salarios de miseria. Desde ELA queremos denunciar que estas condiciones laborales y la no aplicación de los respectivos convenios colectivos, constituyen una quiebra inaceptable de la legalidad vigente y fomentan la insoportable siniestralidad laboral que el sector viene padeciendo.
Parece mentira que en estas obras promovidas por el Gobierno Vasco, se den las condiciones infrahumanas que se están dando en ellas. Pero desgraciadamente se suele mirar hacia otro lado cuando se prevalece el interés de la obra-negocio sobre las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras.
Desde ELA siempre se ha denunciado públicamente la evidente incompatibilidad de sus políticas de adjudicación con cuestiones tan básicas como la seguridad y salud de los operarios, así como de sus condiciones sociolaborales (salario, jornada, etc.). Todo ello fruto y consecuencia de esa estrategia política del rápido-rápido y barato-barato tan firmemente arraigada en nuestras instituciones públicas. Y es que el verdadero problema, muchas veces no radica tanto en quién hace la obra, sino en quién decide políticamente cómo se tiene que hacer dicha obra. También sabemos que sin éste tipo de bajas y plazos el problema no está resuelto, pero sí que bajo ellas la precariedad está servida.
Por ello, desde ELA exigimos un cambio radical en las políticas de adjudicación, donde se garantice y se premie la calidad del empleo, la seguridad y el proyecto por encima de los plazos y el precio. Queremos obras que sean ejemplares desde el minuto uno, con adjudicaciones socialmente realistas (no al más barato y al más rápido) y sin competencias desleales, precariedad o destrucción de empleo. Obras dignas que enriquezcan a la ciudadanía con la creación de empleo igualmente digno y de calidad. Y cómo no, que nuestras arcas públicas también se vean beneficiadas por cumplirse la ley y no esquilmadas bajo el fraude generado por incumplirla.
