Obra pública que "no cubre ni los costes"
ELA pide al consorcio de residuos anular una adjudicación en zubieta por 'oferta temeraria'
La adjudicataria rebaja en un 60% el precio de licitación, que "ya de por sí te hace perder dinero", coinciden varios ofertantes
Donostia. "Aprovecharse de la necesidad de las empresas que peor lo están pasando" y "sentar las bases para que se incumpla el convenio de la construcción de Gipuzkoa". Eso es lo que cree el sindicato ELA que ha sucedido con la adjudicación, "en unas condiciones que te hacen perder dinero", de un movimiento de tierras en la zona de acceso a la incineradora, la cárcel y el polígono de Eskuzaitzeta, en Zubieta (Donostia). Obra pública, a precio de saldo. "Para perder dinero".
La empresa adjudicataria, de reconocida trayectoria en Gipuzkoa, moverá casi 26.000 metros cúbicos de tierra por 1,99 euros el metro cúbico, cuando el precio base de licitación era de cinco euros. ELA se teme que la compañía ganadora del concurso subcontratará este movimiento de tierras a alguna empresa de menor tamaño que tenga el personal parado y acepte hacerlo porque así pierde menos dinero.
La oferta, que minora un 60% sobre el precio base de licitación, incurre en propuesta desproporcionada, un procedimiento que debe alertar al contratante, el consorcio de residuos de Gipuzkoa -Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK)-, e instarle a abrir un procedimiento para que el ofertante justifique su "anormal" propuesta.
Según recogen los pliegos de condiciones de este concurso, a los que este periódico ha tenido acceso, "si se recibieran ofertas anormales o desproporcionadas en relación con el objeto del presente contrato, la mesa de contratación, antes de rechazarlas, pedirá por escrito (...) las aclaraciones (...) sobre la composición de la oferta y comprobará dicha composición teniendo en cuenta las explicaciones que le sean facilitadas, para lo cual otorgará a los licitadores un plazo de tres días". Aun así, añaden los pliegos, la mesa de contratación "podrá rechazar dichas ofertas si se consideraran anormalmente bajas, en función de la justificación ofrecida".
"una subasta" que "no es ilegal"
Esto es lo que el sindicato ELA pide al consorcio de residuos y la propia Diputación Foral. La central sindical solicita al diputado de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin -es el máximo responsable de la adjudicación como presidente del consorcio de residuos de Gipuzkoa- que anule el concurso y vuelva a convocar la oferta. Su respuesta, añade Igor San José, responsable de ELA para la construcción en Gipuzkoa, es que "no es ilegal".
Según marca la ley, se incurre en propuesta desproporcionada o temeraria cuando la quita excede en más de un 15% de la rebaja media de las ofertas presentadas, que en este caso fue del 32,5%. En este caso, de las diez ofertas admitidas por GHK, tres de ellas superaban la baja del 47,5% e incurrían, por tanto, en oferta temeraria.
Según confirman a este periódico otras fuentes del sector, "trabajar a esos precios, es la ruina. En cualquier momento, te das la vuelta (quiebras). Es cuestión de tiempo. Con esos precios es imposible cumplir con el convenio y la ley".
Esta nueva denuncia de la central abertzale se enmarca en su campaña para que las obras que se contratan con dinero público en Gipuzkoa se realicen en "condiciones dignas y respetando el convenio de la construcción".
Según Igor San José, responsable de la construcción de ELA, "esta actuación va en contra de todo lo que estamos haciendo para que se cumpla el convenio de Gipuzkoa, después de haber conseguido que las Juntas Generales aprueben, por unanimidad, que los pliegos de condiciones obliguen a las empresas a cumplir el convenio. Estos precios base son el cáncer de todo", añade.
La sociedad Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa S.A.U. invitó para este concurso a 19 empresas para retirar unos 26.000 metros cúbicos de tierra que quedaron allí aparcados, a los pies de las explanadas que deberían acoger la cárcel de Zubieta y el polígono Eskuzaitzeta, a raíz del movimiento de tierras realizado por Altuna y Uria para hacer los accesos a la cárcel, el polígono y la incineradora.
La adjudicación la realizó el pasado 11 de abril el consejo de administración de GHK, compuesto por su presidente Juan Carlos Aldun-tzin; el vicepresidente, José María Rivadeneyra; y los vocales Imanol Azpiroz y Nora Galparsoro, concejal del Ayuntamiento de Donostia -todos ellos de Bildu-, así como Denis Itxaso (PSE).
ELA denuncia además que para la oferta solo se ha valorado, con 100 puntos, el aspecto económico y que no se ha contemplado ninguna valoración técnica, algo que justificaron "por la sencillez de la obra". "Han hecho una subasta", dice San José.
