La dignidad del 'obrero' Vladimir
ELA destapa los "abusos" laborales a una familia de ucrania que trabajó en riberas para una subcontrata portuguesa
Yuriy, de 53 años, y Vladimir, de 56, a la entrada del barrio de Riberas en el que han trabajado.
VLADIMIR Manescu, nacido en Ucrania en 1956, fue durante cinco años profesor universitario de Historia en Moldavia -tiene doble nacionalidad-, donde le pilló la ruptura de la Unión Soviética en 1991. Su cuñado Yuriy (1959), también licenciado, trabajó como profesor de Matemáticas durante quince años y fue subdirector de un colegio con un millar de alumnos de clase alta en Ucrania. Desde 1999, año en el que decidieron salir a trabajar de sus países para poder dar una "vida digna a los suyos", se han dedicado a la construcción.
Lo han hecho principalmente en Portugal, desde donde siempre han enviado dinero a sus familias. Ahora están atrapados en Donostia, sin un euro y con una empresa que les adeuda una cantidad importante y les tenía de forma ilegal, según denuncian.
El viernes se vieron obligados a abandonar el piso de alquiler en el que han vivido, en el barrio de Egia, ya que su empresa, una subcontrata portuguesa que ha estado trabajando en la construcción de dos torres de viviendas en Riberas de Loiola, dejó de pagarles y les prohibió entrar a la obra cuando el trabajo estaba "prácticamente terminado", explican. Además, confiesan, "nos denunciaron ante la Ertzain-tza por robo", algo que "no tiene ni pies ni cabeza. Es mentira", dicen.
Tenían dos opciones: marcharse "humillados" a sus países (Moldavia y Ucrania) dejando una deuda de 1.400 euros a una inmobiliaria que les alquiló el piso en el que han vivido desde febrero; o plantar cara y reclamar a la compañía portuguesa para la que han trabajado lo que les deben, que es el salario y las dietas de los dos últimos meses. "Nuestra arma es la verdad", dicen. Su mirada deja poco lugar a dudas.
La razón pudo al miedo y su opción fue ponerse en manos de un sindicato y confiar en la Administración y la justicia. En este caso, acudieron a ELA. Están convencidos de que hicieron lo correcto, porque su moral y su educación, constatables a simple vista, no les permiten dar la espalda a los problemas y huir sin explicaciones.
La sorpresa del responsable de la construcción de esta central sindical en Gipuzkoa, Igor San José, fue mayúscula tras unas semanas de acopio de documentación e información. La estupefacción no es solo por las condiciones en las que han estado trabajando en Riberas de Loiola, con unos salarios y dietas muy por debajo de los que marca el convenio de la construcción de Gipuzkoa. "Es aún peor -indica el responsable sindical-; han estado sin dar de alta en la Seguridad Social. Aunque estaban registrados en Portugal, al provenir de países de fuera de la UE, es obligatorio darles de alta en el Estado español y no lo están. Es una falta muy grave". Según San José, esta ilegalidad puede acarrear multas de hasta 10.000 euros por cada caso a la empresa.
En manos del sindicato
"Que se respete la legalidad"
Vladimir y Yuriy están solos ahora, pero llegaron a Donostia junto a otros cuatro familiares (hijos, sobrinos y primos: Mihael, Vadim, Ivan y Yuriy Borka). Los seis venían en nómina de Construções Jojo LDA para construir fachadas en Riberas. Todos ellos, no solo han percibido un tercio del dinero que les correspondía, según ELA, sino que han estado trabajando de forma ilegal.
El sindicato vasco ha tomado las riendas del caso, acudiendo a la Inspección y la delegación de Trabajo, poniéndose en contacto con la empresa portuguesa y otras dos que hay por encima. De hecho, Jojo había sido subcontratada por otra subcontrata (Piedras y Derivados La Victoriana), a la que una inmobiliaria guipuzcoana (Riberas del Urumea SL) adjudicó la construcción de la fachada de dos torres situadas junto al nuevo colegio de Riberas de Loiola.
La piedra exterior de esos edificios las han colocado entre febrero y junio estos seis ucranianos, dos allegados de los dueños de la compañía portuguesa, y otros siete trabajadores lusos, según recuerdan los protagonistas de esta historia. "Ha sido un muy buen trabajo", afirma el exprofesor universitario.
Los quince operarios -todos extranjeros- trabajaban para Construções Jojo, con jornadas de más de diez horas, según afirman Vladimir y Yuriy, y seis días a la semana. Les pagaban unos 1.000 euros a cada uno, "500 menos que el año pasado en otras obras en Portugal". Y en ese montante se incluía todo: las pagas, el finiquito, las dietas (quince euros al día en vez de los 39,01 que marca el convenio de Gipuzkoa por pernoctar fuera de casa).
"Si no se arregla por las buenas, será en los juzgados", asegura San José, quien teme que la compañía portuguesa Construções Jojo desaparezca para no hacer frente a su responsabilidad. "La empresa está asustada desde que el sindicato se ha puesto con el tema y les ha llamado a una reunión. Ahora quieren llegar a un acuerdo, después de estar engañando a sus trabajadores y dándoles largas durante mes y medio. Pero no vamos a aceptar nada que esté fuera de la ley".
competencia desleal
Un cáncer en la construcción
San José añade que las tres empresas citadas fueron a la primera reunión con el sindicato, pero esta vez -el viernes- no han venido a la segunda", detalla. "Solo han estado la inmobiliaria donostiarra que promovió las obras y la compañía a la que le encargó la obra (La Victoriana), que fue la que, a su vez, subcontrató a Jojo".
El responsable de la construcción del sindicato ELA en Gipuzkoa tiene claro que si no se negocia una salida "como tiene que ser" emprenderá la vía judicial contra todas ellas.
"Por desgracia, estos abusos, que suponen una competencia desleal y están provocando el cierre de muchas compañías de aquí, no son una excepción en Gipuzkoa, y las instituciones lo saben, pero miran para otro lado", denuncia.
El responsable del sector de la Construcción y Obras Públicas de ELA, Igor San José, presentó esta semana una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Euskal Trenbide Sarea (ETS) y Adif por «vulnerar la legalidad laboral» en las obras del TAV.
Eusko Trenbide Sarea lan ikuskaritzan salatu du sindikatuak, argudiatuta hari dagokiola langileen baldintzak bermatzea
La adjudicataria rebaja en un 60% el precio de licitación, que "ya de por sí te hace perder dinero", coinciden varios ofertantes
La empresa Agotran, adjudicataria de los trabajos de excavación y transporte de la segunda fase del tramo Tolosa-Hernialde, incumplía las condiciones del convenio de la Construcción y no tenía en regla las tarjetas de transporte. ELA denunció la situación y ha sido apartada.
