Mil euros por tres meses de trabajo en una obra de Gasteiz

Por un chusco de pan

Mil euros por tres meses de trabajo, diez personas en una vivienda y la amenaza constante del despido. El centro cívico de Salburua va tomando forma gracias a un régimen de semiesclavitud por el descontrol en la subcontratación.

ELA denuncia semiesclavitud en las obras del nuevo centro Cívico de Salburua de Gasteiz

NOTICIAS DE ALAVA 30/V/2014

en un piso del barrio de Judimendi, muy cerca de donde el Ayuntamiento de Vitoria levanta el nuevo centro cívico de Salburua, diez personas viven hacinadas durante los escasos ratos que sus jornadas de once horas les permiten descansar fuera del tajo. Son trabajadores de una subcontrata cuyo propietario, que vive en la Comunidad Valenciana, les trae periódicamente hasta Gasteiz, cobrándoles veinte euros por el desplazamiento.

A ello hay que sumarle los 50 euros que han de abonar por cada par de botas de seguridad que reciben. Una vez en Vitoria, los currelas tienen que llenarse la nevera y corren con los gastos de luz y agua de la vivienda. Allí llegan cada tarde y hacen turnos para poder ducharse antes de ver un rato la tele junto a la puerta de la casa, donde han improvisado una sala de estar, y acostarse en los colchones que hay repartidos por todo el piso en el que el subcontratista hacina a sus trabajadores.

Según aseguran desde el sindicato ELA, una televisión de plasma casi más grande que el recibidor donde se ubica preside la entrada a la casa, donde varias barras de pan esperan en bolsas de plástico a ser consumidas a la hora de la cena.

El resto de la vivienda se dedica casi exclusivamente a colocar colchones y camas deshechas, rodeadas de ropa tirada por el suelo, calzado, bolsas de viaje abiertas y un olor a aglomeración más propio de un vagón de metro en hora punta que de un lugar en el que vivir.

Ninguno de estos empleados, la inmensa mayoría ciudadanos de Rusia y de otros países de la Europa del Este, que no hablan castellano, dispone de una nómina para conocer las condiciones a cambio de las cuales trabaja. Por tres meses de trabajo, con centenares de horas de faena por encima de lo que marca el convenio de Álava, al que por ley deben estar sujetos, se van a su casa con unos 1.000 euros, tirando por lo alto, y mientras el penúltimo centro cívico de Gasteiz va tomando forma día a día. ELA denunció ayer que esta situación de semiesclavismo se reproduce en las obras públicas de la ciudad y de toda la Comunidad Autónoma Vasca.

Los trabajadores no pueden denunciar o reclamar su dinero. Si lo hacen, inmediatamente son despedidos y por lo tanto expulsados, en el acto, de las viviendas que habitan. Sin un lugar donde dormir, sin un euro en el bolsillo, sin saber el idioma, a estas personas sólo les queda mendigar para comprar un billete de autobús y volverse a su país con el lomo doblado, una mano delante y la otra detrás. Eso está pasando aquí y ahora según denunció ayer el responsable de Construcción de ELA en Álava, Roberto Salgado. "Son otra vez las batallitas que me contaba mi abuelo", afirmó el sindicalista gasteiztarra, quien asegura que al no disponer de nóminas, los trabajadores no saben cuánto reclamar, si es que se atreven a hacerlo.

Si lo hacen, lo máximo que le puede pasar al subcontratista es que deba pagar lo que debe, pues en los pliegos de condiciones no se recogen sanciones, pese a que las Juntas Generales, tanto aquí como en Gipuzkoa, aprobaron una moción en la que pedían que así fuera. "Si denuncia uno de cada diez, siendo optimistas, le pagas lo que le debes y cuelas a otros nueve", explicó al respecto Luis Fernández, responsable nacional de Construcción de ELA. Salgado, por su parte, aseguraba que la degradación que se daba hace unos años en la Rioja Alavesa con los temporeros, y que se erradicó de raíz, es la que se está dando ahora en el sector donde más se ha cebado el desempleo. "La situación es estremecedora, pero tenemos muchas dificultades para obtener relatos concretos porque los trabajadores tienen miedo de perder su puesto", señaló por su parte Fernández, quien afirmó que con el centro cívico de Salburua se ha dado un salto cualitativo, pues es la primera vez que ELA constata la existencia de hacinamiento de trabajadores en una obra pública.

La raíz del problema La subcontrata es la responsable directa de la situación que viven estos trabajadores, pero según ELA, es en las instituciones públicas donde reside la raíz del problema. El centro cívico se licitó inicialmente por 13,5 millones, luego se rebajo a 12,5, y al final se adjudicó por 8,9, un 30% menos de lo que los técnicos municipales estimaron que costaría hacerlo contemplando el lógico y legítimo beneficio empresarial. Antes, la ley dictaba que las bajas temerarias debían ser eliminadas de los concursos, ahora basta con justificar esas bajas para seguir en la pugna por los contratos. "Tú dices que vas a Madrid andando en 10 horas, lo justificas diciendo que irás a 30 kilómetros por hora y ya está", resumió a modo de ejemplo Salgado, que acusó a estas subcontratas de ser "piratas que vienen a esta ciudad a saquear sus arcas" con la connivencia institucional y bajo un régimen destajista, siempre con el objetivo de acabar a tiempo para la inauguración.

"¿Cómo puede ser más competitiva una empresa que va y viene desde Valencia que las de aquí?", se preguntó Salgado, quien dijo que este tipo de subcontratas carecen de sede social y por lo tanto "son impunes".

Las UTE que ganan los concursos, señala ELA, "son todo disponibilidad" a la hora escuchar las quejas sobre las condiciones de trabajo en sus obras, pero estas se siguen dando a la oferta más barata. A la construcción del instituto de Mariturri se han presentado dos bajas temerarias, y en la licitación de la depuradora de aguas residuales de Villabuena, encargada por el Gobierno Vasco, la oferta económica cuenta con un máximo de 60 puntos, excesivo para los sindicatos.

Según Luis Fernández, este tipo de política de adjudicaciones se repite en proyectos adjudicados fuera de Álava, como el de San Mamés Barria, y está detrás de las siete muertes acaecidas en las obras del TAV. Mientras, la Inspección de Trabajo no responde a las recurrentes denuncias sindicales. "En el Ayuntamiento de Vitoria se han debatido mociones sobre esta cuestión, pero queremos una voluntad política real que todavía hoy no vemos; las obras se siguen adjudicando al mejor postor", afirmó.

Las medidas Vista la situación concreta de las obras del centro cívico, ELA ha contactado con los agentes sociales del barrio para que "reclamen que su centro cívico se construya en unas condiciones laborales dignas", explicó Fernández, quien aseguró que sólo la suerte ha impedido que haya siniestros mortales en las obras públicas de la ciudad, pues "el riesgo de accidentabilidad es muy superior a la media cuando se trabaja a ritmos exagerados".

Para evitar que se llegue a un desenlace fatal, el sindicato ha llamado a la UTE del centro cívico y al Ayuntamiento a reunirse en el seno del PRECO, el Procedimiento Voluntario para la Solución de Conflictos Laborales, y estudia además interponer una denuncia penal por la situación de hacinamiento detectada, y hacerlo además en nombre del propio sindicato, pues "ningún trabajador va a poner su nombre" en una demanda de este tipo.