Denuncias por incumplimiento del convenio

 

Obra pública: la ley que no se cumple

gipuzkoa sigue construyéndose a costa de personal subcontratado; meten "muchas horas extra" y cobran menos



El responsable de la construccion de ELA Igor San Jose
con trabajadores de la UTE variante Hernani

Noticias de Gipuzkoa 14/01/2013

EL caso de Vasile, Toma y Dimitru es solo un ejemplo de una realidad oscura que no sujeta el papel ni ninguna de las exigencias que reflejaban los pliegos de condiciones de una gran obra pública como la variante de Hernani, en donde ya se ultima todo para su inauguración el próximo mes. Esta fue la primera obra pública del territorio que incluyó la obligatoriedad de aplicar a todos sus trabajadores las condiciones laborales fijadas en el convenio de la construcción de Gipuzkoa. Esta exigencia fue introducida por el anterior Ejecutivo guipuzcoano y ha sido refrendada y ampliada por el actual. De hecho, en la licitación del tramo Antzuola-Bergara de la Beasain-Durango (GI-632) se incluye por primera vez la posibilidad de sancionar a las empresas si se incumple este requisito. El problema, indican fuentes sindicales, es generalizado en la CAV, Navarra y el resto del Estado, y afecta a todas las instituciones.

En Gipuzkoa, el blindaje de las condiciones laborales se activó en 2010 tras la petición de las Juntas Generales, donde todos los partidos apostaron por marcar, al menos en las actuaciones que se pagan con dinero de los contribuyentes, unas condiciones laborales "dignas", tomando como referencia el convenio provincial. Pero, ¿se está respetando lo que ya es de obligado cumplimiento?

Ya solo las constantes denuncias del sindicato ELA sobre varios incumplimientos en la variante de Hernani y en otras obras importantes de Gipuzkoa y la CAV suponen un signo de inquietud. Si se va más allá, las dudas se disipan. Una visita a cualquier obra pública, una charla con trabajadores durante la hora del bocadillo o la documentación y las pruebas que a lo largo de meses ha recabado la central sindical levantan las carnes.

Gipuzkoa sigue construyéndose a base de personal subcontratado y las condiciones laborales que tienen estos empleados, extranjeros en su mayoría, no son, ni de lejos, las que marca el convenio, que supuestamente es de obligado cumplimiento para las empresas que se adjudican las obras en el territorio. Una foto habitual de estas obras es que "unos pocos trabajadores de la UTE trabajen en la obra y la inmensa mayoría procedan de empresas subcontratadas", indica Igor San José, responsable del sector en Gipuzkoa de ELA. ¿Por qué sucede esto? La realidad está a la vista.

Vasile es el cabeza de una familia de trabajadores de la construcción. Ha trabajado a lo largo de su vida en "muchos países", incluidos Israel y Portugal, entre otros. Lleva cinco años afincado en Ituren, Navarra, y en su etapa en el Estado español ha trabajado en la construcción de varias carreteras en Navarra, sobre todo, pero también en Asturias y en Gipuzkoa.

Durante el último año ha estado construyendo la variante de Hernani, junto a su hijo y su yerno. En todo ese tiempo han trabajado siempre para "la misma empresa", que "ahora se llama IMI". Según recuerdan Toma, hijo de Vasile, y Dimitru, yerno del primero y cuñado del segundo, "que nosotros recordemos, en este tiempo la empresa ha cambiado de nombre cuatro veces, pero siempre ha sido la misma compañía, con los mismos jefes".

Estos trabajadores contemplan ahora con reserva la obra en la que han trabajado duro durante más de un año: la variante de Hernani. Fueron despedidos de su empresa, IMI, el pasado 24 de diciembre, cuando los trabajos que esta compañía realizaba en Hernani se habían terminado. Ha sido necesaria una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que la empresa les diese la documentación necesaria para acogerse al paro. "Durante días, sus responsables han estado ilocalizables", asegura San José. Han pasado las navidades con un puñado de euros en el bolsillo y tirando de los exiguos sueldos de las mujeres de casa, la esposa de Vasile y su hija, casada con Dimitru.

denuncia ante la inspección

 

"Fraude y explotación laboral"

Según la documentación aportada por estos empleados, ELA ha podido constatar que han trabajado en unas condiciones que poco tienen que ver con lo exigido por la Diputación. Los cálculos realizados indican que se le deben casi 18.000 euros a cada uno. La central sindical ha denunciado la situación de siete trabajadores ante la Inspección de Trabajo y está recibiendo nuevas peticiones de ayuda de otros empleados.

Son trabajadores que durante años han "tragado" bajo "la eterna promesa de si no me denuncias, sigues trabajando conmigo", indica San José. Con la crisis agudizando, muchas de estas empresas que trabajan subcontratadas en obras públicas de todo el Estado, no pueden prometer ya el trabajo que no hay y están echando a sus trabajadores, que, a menudo, precisa el responsable de ELA, ni cobran vacaciones, ni pagas extra, ni dietas.

San José ve en ellos víctimas a través de las cuales algunas empresas llevan años ejerciendo una "competencia desleal" hacia los trabajadores del territorio. El sindicato denuncia que "han realizado jornadas de 9, 10, 11 o más horas diarias (muchos sábados y domingos incluidos), que han llegado a trabajar en Hernani más de 40 trabajadores de esta empresa (IMI) y que la documentación aportada ante la Inspección de Trabajo sobre las condiciones en las que han trabajado, ha sido prueba suficiente para desenmascarar el fraude y la explotación laboral vivida en esta obra pública".