Las UTE de obras públicas deberán acreditar que sus subcontratas respetan el convenio
Un incumplimiento grave podrá acarrear que se prohíba contratar con la administración
La Diputación tramita una norma foral tras las denuncias de "explotación laboral" a trabajadores de la variante de Hernani
El departamento de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación de Gipuzkoa presentará hoy su anteproyecto de ley -está en exposición pública desde ayer- para articular una norma foral que garantice el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores en las obras públicas del territorio y acabar así con situaciones como las vividas recientemente en la variante de Hernani, donde el sindicato ELA ha denunciado varios casos de "explotación laboral", a pesar de que los pliegos de condiciones ya obligaban a cumplir con lo estipulado en el convenio territorial.
Con esta norma foral se busca, a través de un protocolo, ejercer un mayor control sobre las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente los de las empresas subcontratadas. A estas se les exigirá un importante número de requisitos, sobre todo en lo referente a la regularización de sus empleados y sus condiciones laborales, así como referentes a la aplicación de normas de seguridad laboral.
Sin embargo, la responsabilidad principal recaerá sobre las empresas contratistas, normalmente uniones temporales de empresas (UTEs), que deberán demostrar o justificar que las compañías que subcontraten para dichas obras cumplen con lo establecido en los pliegos. Es decir, las condiciones laborales que recoge el convenio territorial, así como un número importante de cláusulas sociales que también recoge el anteproyecto de ley y que favorecen la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral y la salud laboral.
El anteproyecto contempla la aplicación de multas que pueden llegar hasta el 10% del total de la licitación para las empresas que incumplan las cláusulas de los pliegos de condiciones, en función de la gravedad, y abre la puerta, para los casos más graves, de que se pueda prohibir la contratación con la Administración.
El objetivo del Gobierno foral sería que las Juntas Generales puedan dar su aprobación definitiva a este documento antes del 8 de julio, fecha en la que expiran la mayoría de los convenios sectoriales de la CAV. La tramitación de esta norma foral parte de los esfuerzos iniciados por el sindicato ELA en septiembre, a raíz de varios incumplimientos detectados en las obras de la variante de Hernani.
La central sindical, que en el último trimestre de 2012 se reunió con todos los grupos representados en la Cámara guipuzcoana, salvo el PP, para tratar de sensibilizarles sobre la necesidad de elaborar una norma foral que tenga rango de ley, denunció posteriormente las irregularidades detectadas en Hernani ante la Inspección de Trabajo, que lleva cuatro meses analizando el asunto. ELA denuncia que a varios trabajadores que pidieron asesoramiento a esta central se les debían importes medios de 18.000 euros por el incumplimiento de las exigencias recogidas en los pliegos de condiciones de la obra. Eran, principalmente, trabajadores de subcontratas a los que no se les aplicaban ni los salarios, ni las jornadas ni otras muchas condiciones que recoge el convenio territorial, que en dicha obra era de obligado cumplimiento por primera vez.
El anteproyecto de norma foral que la diputada de Infraestructuras Larraitz Ugarte detallará hoy está desde ayer en periodo de exposición pública (20 días) para presentar alegaciones y posteriormente pasará por el consejo de diputados para su aprobación, probablemente el 21 o 28 de mayo. El debate se trasladará luego a las Juntas Generales, donde deberá ser aprobado por mayoría de la Cámara. Aunque el convenio provincial es indefinido, la Diputación quiere que la norma sea aprobada por mayoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa antes del 8 de julio, fecha en la que expirarán la mayoría de convenios sectoriales.
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