La Diputacion tiene "más que sospechas" de que en sus obras se incumplió el convenio

La Diputación tiene "más que sospechas" de que en sus obras se incumplió el convenio

Esperará al cierre de la investigación para determinar si multa a la ute lapatza

Niega que el precio a la baja de la obra esté en el origen del accidente mortal de Antzuola

 

Larraitz Ugarte

Noticias de Gipuzkoa (28/IX/2013)

Compungida y afectada por la muerte del trabajador de 33 años en las obras de la GI-632 en el tramo Antzuola-Bergara, la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, compareció ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa a petición propia para arrojar algo de luz sobre el controvertido accidente mortal que la semana pasada se cobró la vida de un joven guipuzcoano en una obra pública y desencadenó en un enfrentamiento entre la Diputación y el sindicato ELA. Una semana antes del siniestro, esta central había denunciado ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento del convenio que fija las condiciones sociolaborales a aplicar a todos los trabajadores de dicha obra.

La titular del departamento de carreteras, apoyada por el director de su área de Infraestructuras, Joseba Altube, aseguró basarse en "razones objetivas" para haber retirado de forma cautelar de las obras a la empresa Aballa SL, a la que pertenecía el trabajador fallecido. Según dijo, esta decisión se basa en que la Diputación, tras "los testimonios recogidos" y el contraste de cierta información con los investigadores, tiene "más que sospechas" de que se estaba incumpliendo el convenio y que la maquinaria de esta compañía presentaba ciertas irregularidades.

También pidió prudencia y quiso respetar los plazos hasta que Osalan, la Ertzaintza y la Inspección de Trabajo cierren la investigación y emitan el informe con las conclusiones, lo que ocurrirá dentro de "cuatro o cinco semanas". Entre tanto, "no se pueden determinar las causas del accidente", zanjó.

Será entonces cuando la Diputación decidirá si procede la imposición de multas a la UTE Lapatza (formada por las constructoras guipuzcoanas Moyua y Antzibar), responsable en última instancia de los incumplimientos que se produzcan en esta obra, aunque la causante sea una subcontrata.

Precisamente, el contrato firmado entre Diputación y la UTE permite a la Administración imponer sanciones de hasta el 10% del total del valor del contrato, lo que podría conllevar una sanción de cuatro millones de euros, e incluso la apertura de un nuevo proceso de adjudicación.

La Diputación evitó el rifirrafe esta vez y dejó de lado la polémica que durante la semana pasada enfrentó al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, con el sindicato ELA, después de que el primero, en una radio púbica, acusase a la central sindical de conocer que en esta obra se estaban incumpliendo las condiciones laborales plasmadas en un contrato y no informar de ello a la Diputación. Ello desencadenó la respuesta del sindicato y la reiteración de su denuncia, al considerar que es la "excesiva baja en el precio" de la adjudicación por parte de la Administración lo que está en el origen del incumplimiento y la "precariedad".

Ugarte negó, por su parte, que la baja del 37% en la adjudicación del contrato sobre el precio de licitación tenga "nada que ver" con el accidente mortal del pasado día 18 y separó la denuncia que ELA había presentado por incumplimiento del convenio, de los hechos que desencadenaron el accidente.

La diputada recalcó que en ningún caso la denuncia de ELA se refirió a la subcontrata Aballa SL, sino a la UTE Lapatza, que fue la que la subcontrató; y que el expediente no se refería a las medidas de seguridad, sino a las condiciones laborales.

Comisión de seguimiento
ELA, por su parte, insiste en que la "raíz" del problema está en las adjudicaciones a la baja que se producen en este tipo de concursos públicos y por ello se niega a participar en la comisión de seguimiento que la Diputación ha puesto en marcha para valorar el cumplimiento del convenio en estas obras y en la que participan los sindicatos LAB, CCOO y UGT. Entre las tres suman cerca de un 46% de la representación del sector, frente al casi 54% de ELA.

Esta central remitió un escrito al Departamento de Infraestructuras, el pasado miércoles, reafirmándose en que no participará en una comisión que nace "viciada" por "no reconocer la raíz del problema", que en su opinión son las bajas excesivas con las que se adjudican estos contratos; y pidió que se resuelva el contrato y se proceda a una nueva adjudicación.

Altube, por su parte, precisó que técnicos de la compañía Volvo, fabricante del camión siniestrado, revisaron el jueves el vehículo accidentado para ver si, tal y como denuncian trabajadores y sindicatos, este estaba "en mal estado". Según esta versión, ello había provocado que otro trabajador se negase a conducirlo dos días antes del accidente y que otros lo retirasen momentáneamente del servicio horas antes del accidente mortal.

En un ambiente de duelo generalizado, el PNV pidió que se dote a la dirección de obra de mayores recursos para mejorar la coordinación de todos los agentes, técnicos y empresas que participan en una "obra de esta envergadura". Obras, dijo Ain-tzane Oiarbide, que conllevan "grandes riesgos", agravados, en parte, por la "orografía guipuzcoana", que hace que camiones de 70 toneladas tengan que circular cargados por pendientes muy pronunciadas y a menudo con el problema añadido de las condiciones climáticas.

Altube precisó que dos días antes del siniestro, precisamente, las labores de movimiento de tierras en las que participaba Aballa y que estaban a punto de terminar, se pararon por la lluvia, el día 16; que fueron retomadas el 17 por la tarde y que el día 18, en el turno de mañana, a las 8.10 se produjo el accidente.

Por su parte, Bildu, en palabras de Inko Iriarte, pidió "ejemplaridad" a la Diputación y reclamó que no le tiemble el pulso a la hora de sancionar a las empresas si la investigación así lo avala, ya que "es obvio que, de una manera u otra, las medidas de seguridad no se han cumplido".