"Este accidente supera los incumplimientos de cualquiera; se ven indicios de criminalidad"
La Inspección de Trabajo propone dos multas por valor superior a 180.000 euros por el accidente mortal de Deskarga
La falta de medidas de seguridad en esta obra pública augura otra sanción millonaria de la Diputación al contratista
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| Ricardo Mínguez (Inspección) y Izaskun Urien (Osalan) |
La Inspección de Trabajo ha propuesto al Gobierno Vasco que imponga dos sanciones administrativas por el accidente mortal ocurrido el 18 de septiembre de 2013 en las obras de la Beasain-Durango (GI-632), en el puerto de Deskarga, a la altura de Antzuola. Por un lado plantea una sanción de más de 160.000 euros para la subcontrata para la que trabajaba el operario fallecido (Aballa S.L.), con responsabilidad solidaria de la UTE principal, por incumplimiento "muy grave". Y por otro, 20.000 euros de multa para la Unión Temporal de Empresas (Moyua y Antzibar) que se adjudicó esta obra promovida por la Diputación de Gipuzkoa. La Inspección le atribuye una infracción grave por "deficiencias" en el plan de seguridad y salud de la obra.
Ricardo Mínguez, subdirector de la Inspección de Trabajo, órgano encargado de dirimir responsabilidades tras analizar los atestados de la Ertzaintza y el informe de Osalan, destacó que en sus años de experiencia no recordaba casos con incumplimientos tan flagrantes y manifiestos. Lo hizo en la comparecencia que realizó junto a la directora general de Osalan, Izaskun Urien, en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Mínguez añadió que ve "indicios de criminalidad", por lo que la Inspección ha derivado de oficio el caso a la Fiscalía por si pudiera conllevar responsabilidad penal.
El responsable de la Inspección de Trabajo afirmó que en Deskarga "se superan los incumplimientos normales que acontecen en cualquier accidente" y que la vulneración de las normas de seguridad se produce "en grado más intenso" que puede conllevar responsabilidad penal.
Además, la Inspección propone un recargo de prestaciones entre un 30% y un 50% de la pensión que pudiera derivar para la familia tras este accidente. Es decir, que la empresa Aballa o la UTE Lapatza, de forma solidaria, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social "cientos de miles de euros" para mejorar la pensión de la familia.
Ahora las partes (empresas y familia del fallecido) tendrán un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones pero el proceso terminará en lo juzgados.
La diputación sopesa la multa
Entre tanto, la Diputación de Gipuzkoa, promotor de la obra, estudia la posibilidad de imponer una multa en virtud del contrato que firmó con el contratista, la UTE Lapa-tza que componen las constructoras Moyua y Antzibar. En este documento el contratista se comprometía a cumplir con una serie de condiciones laborales y de seguridad que se han vulnerado. La Diputación, a la que Bildu pidió contundencia, se debate entre una sanción muy grave con multa de 4 millones (incluso podría resolver el contrato) o una grave con 2,8 millones de euros.
El mal mantenimiento del vehículo con el que se accidentó Iñaki Alkorta, natural de Lasarte-Oria, y los "indicios" de que el gerente de la subcontrata obvió las numerosas advertencias que le realizaron sus trabajadores sobre los fallos en los frenos del camión, no fueron pasados por alto por Osalan ni la Inspección; tampoco lo fueron la ausencia de cinturón de seguridad y de asiento regulable en el vehículo, la falta de formación al trabajador para conducir este lagarto y el diseño de unas vías con rampas del 33% y giros de 90 grados con "poco espacio". El diseño de la vía en la que se produjo el accidente, según Urien, "no era el adecuado" ni estaba supervisado ni aprobado por la dirección facultativa.
El portavoz del PNV Joseba Antxustegi señaló que "ha habido una falta de control y de responsabilidad por parte del contratista y la subcontrata y aquí llegamos todos tarde". Los portavoces de los distintos grupos mostraron sus condolencias a la familia del fallecido, representada por la hermana de Iñaki Alkorta, a quien acompañaron dos miembros del sindicato ELA.
Bildu habla de "precariedad"
En esta ocasión, Bildu se alineó con la tesis del sindicato ELA y habló de "precariedad" en las obras públicas como factor determinante de este accidente. El portavoz de la coalición Inko Iriarte insistió mucho en la "precariedad" en las que se están ejecutando estas obras. Es el mismo argumento que maneja ELA, quien denuncia que en el origen de esta situación que se repite en todas las obras públicas de la CAV y el Estado están las bajas en los precios de adjudicación. Este tramo, con precio de licitación de 63 millones de euros, se adjudicó por 40 millones. El subdirector de la Inspección afirmó que "el elemento clave de este accidente es que no se han cumplido las prescripciones mínimas de seguridad".
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