ELA sindikatua Eraikuntzako Munduko Kongresuan

ELA en el Congreso Mundial de la ICM

1-5 de diciembre de 2013 / BANGKOK / Tailandia

El sindicato ELA está participando esta semana en el 3 Congreso Mundial de la ICM (Internacional de la Construcción y Madera).

Igor San Jose
ELA Eraikuntzako arduraduna

Bajo el lema “Empleo para todos, Justicia para todos”  340 sindicatos de 132 países se han dado cita en BANGKOK para debatir sobre la situación en el sector.

Durante el Congreso se tomarán decisiones sobre sus objetivos, prioridades y acciones.

Durante estos últimos años, la ICM y sus afiliados han logrado avances en las estrategias de organización, como en el proyecto del canal de Panamá, los corredores ferroviarios y por carretera en los Balcanes, en proyectos de infraestructura relacionados con el futbol de la Eurocopa 2012 y la Copa Mundial de Futbol 2014 en Brasil y en proyectos de energía hidroeléctrica en África.

En este Congreso se está debatiendo sobre cómo lograr y establecer unas condiciones dignas en este tipo de infraestructuras mediante el uso de las clausulas de trabajo en los contratos públicos.

El sindicato ELA está siguiendo con mucho interés este tema y está estableciendo reuniones con diferentes países para compartir experiencias similares a la Norma Foral aprobada en Gipuzkoa.

TABAKALERA "Por 7 euros la hora"

Trabajadores subcontratados en las obras de Tabakalera rozan las 500 horas extra este año

Estaban cobrando un 55% menos de lo estipulado, según ela

El sindicato denuncia el "incumplimiento" de las condiciones laborales mínimas en esta obra pública



Trabajadores de TABAKALERA hablan con el responsable de ELA

Noticias de Gipuzkoa 29/11/2013

"En pleno centro de Donostia, en una obra promovida por el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco no se respetan ni de lejos unas condiciones laborales dignas. Más de 35 trabajadores de una subcontrata llamada Sogeprovi (encofradores) habrían cobrado un 55% menos de lo que les correspondería si no fuese por las denuncias que ha presentado el sindicato ELA".

Con esta contundente exposición describe el responsable de la Construcción de ELA, Igor San José, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, incluso en las obras públicas, donde finalmente los trabajos son realizados por empresas subcontratadas a "precios que no dan para cumplir con la legalidad".

Es algo "general" que sucede incluso en Gipuzkoa, donde desde 2010 la Diputación y otras instituciones públicas comenzaron a incluir en los pliegos de condiciones cláusulas para garantizar el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas tomando como referencia el convenio provincial de la construcción (2007-2009). Esta medida fue reforzada, además, en julio de este año con la aprobación de una norma foral.

Sin embargo, la realidad -relata San José- es que "aun y todo, estas obligaciones siguen sin cumplirse. Y cuando lo denuncias y lo demuestras, lo solucionan con dinero, pero sin atajar el problema. Han tenido que pagar esta demasía de horas, como horas extras cuando podían haber creado empleo en esta coyuntura de crisis. Es triste que no se den cuenta del daño que hacen. Y eso en el centro de Donostia, en una obra que tenemos supercontrolada. Imagínate en el resto...".

El Centro Internacional de Cultura Contemporánea (CICC) de Tabakalera lleva construyéndose desde 2010 en Egia, a los pies de la torre de Atotxa, en el histórico edificio de la fábrica de tabaco de Donostia, con más de 26.000 metros cuadrados. Este espacio está llamado a ser el centro de referencia de la cultura contemporánea en Gipuzkoa y debería ser una pieza importante de cara a la capitalidad cultural europea de Donostia 2016, año para que el CICC debería estar inaugurado.

rutina: "denuncias y pagan"

La actual fase se licitó por un precio de 27.290.992,09 euros y finalmente se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por dos constructoras del territorio por un valor de 18.527.854,52 euros (IVA incluido).

La última denuncia ante la Inspección de Trabajo la interpuso ELA el 13 de septiembre. Es una rutina. El sindicato "denuncia y la UTE paga", mientras "las instituciones lo asumen y no hacen nada para reconducir el problema. De hecho, las compañías adjudicatarias, que tienen a sus trabajadores en regla, están asumiendo los incumplimientos de las empresas que han subcontratado y que "a menudo" tienen a su plantilla en "condiciones laborales de esclavismo", denuncia San José. En su opinión, en el origen están las "subastas al mejor postor en el que se han convertido los concursos públicos, donde se tiene que subcontratar al más pirata para que den los precios".

La no aplicación de la condiciones laborales de la subcontrata Sogeprovi SL hacia sus trabajadores ha supuesto para la UTE, en lo que va de año, más de 500.000 euros, que tendrá que abonar a dichos trabajadores por la demasía de horas, las dietas y las diferencias sobre convenio.

"Y las instituciones lo saben. Al presidente del CICC, Juan Karlos Izagirre, que es el alcalde de Donostia, le tuve que mandar una carta certificada para pedirle que interviniera en una reunión tras diez meses de espera", explica San José, que interpuso la primera denuncia en esta obra el 27 de noviembre de 2012.

carta certificada al alcalde

Pese a la reunión con el alcalde y pedirle que interviniera, ELA dice que "todo sigue igual o peor. Se siguen adjudicando los lotes de esta obra al más barato y se están dando nuevos casos de explotación y esclavismo. Hay trabajadores de otra empresa que tras trabajar jornadas abusivas y a ritmos escandalosos han cobrado 900 euros, tras descontarles de la nómina casi 400 euros en conceptos de reconocimiento médico, cursos, IRPF, etc… Y los guardas de seguridad llevan tres meses sin cobrar. Lotsagarria da", exclama.

ELA afirma que "no se puede permitir en la coyuntura actual de crisis esta forma de trabajar y se tiene que repartir el trabajo en condiciones dignas: Los donostiarras tienen que saber que en una obra que tienen al lado, podrían trabajar si se hiciesen las cosas bien".

"Los paquistaníes que nos sustituyeron en el TAV dormían allí y cobraban a cuatro euros la hora"

conducen casi tres horas al día para venir a trabajar de a donostia; hasta hace poco eran "los más baratos"

 

2ª parte "Noticias de Gipuzkoa 29/11/2013

Estar con el convenio guipuzcoano se traduciría en cobrar quince euros por hora trabajada. Hasta hace nada, ellos trabajaban por siete euros, un precio que incluye "todo": "Ahí van vacaciones, dietas y horas extraordinarias", admiten. Eso permitió a su empresa, una subcontrata con sede en Muskiz, acceder a muchas obras públicas de Gipuzkoa, donde las constructoras locales (pequeñas, medianas y grandes) no podían competir en precio. Su fórmula era muy eficaz. Trabajar más y cobrar menos. Ahora los trabajadores de Sogeprovi, cántabros y vizcainos en su mayoría, están dejando de ser los más baratos y pierden terreno ante otras compañías que a menudo emplean a trabajadores de otros países, como portugueses, paquistaníes o los provenientes de países del Este.

Llevan un año trabajando en las obras de Tabakalera y valoran los pliegos de condiciones de esta obra pública y la exigencia autoimpuesta por la Diputación de Gipuzkoa de cumplir unos mínimos. La mayoría se ha afiliado a ELA, el sindicato que denunció su caso y ahora reclama para ellos todo el dinero que les corresponde.

La central abertzale ha calculado las horas extra que han metido, las dietas que les debió pagar su compañía por venir desde tan lejos -varios de ellos viajan desde Castro Urdiales-, en virtud de lo que dice el convenio de Gipuzkoa. Y como su empresa no puede asumir el coste, la UTE que contrató a su compañía se hace cargo de la diferencia.

"Al principio no le queríamos ni verle (a Igor San José, responsable de ELA de la Construcción). Teníamos miedo, pero es normal" admiten ante el sindicalista, al que ahora acogen con naturalidad en la caseta de obra en la que comen el bocadillo. Allí, en su txoko, admiten incluso la presencia de un periodista, al que cuentan lo deteriorado que está el sector: "Es una vergüenza". Explican su peregrinaje, lo que significa que "no te llegue para la hipoteca" y "coger el coche tras una jornada de once horas e ir a 160 kilómetros por hora para llegar cuanto antes a casa, porque entre el viaje y el trabajo no tienes tiempo para estar con la familia".

El primer día después de la denuncia de ELA a su empresa, en noviembre de 2012, "nos cayó un chorreo", reconocen. Pero el sindicato volvió a entrar en las obras y exigió responsabilidades a la UTE y las instituciones.

Ahora admiten que otra empresa más barata que la suya les echó de las obras del TAV en el tramo de Hernani. "Y a esos también les echaron otros, unos paquistaníes que dormían allí, con mantas, y cobraban a cuatro euros la hora. ¡Qué era aquello!", exclaman.

El Consejo Vasco de la Competencia, a favor de la esclavitud

EL CONSEJO VASCO DE LA COMPETENCIA, UNA VEZ MÁS, CONTRA LOS DERECHOS DE LOS MAS DESFAVORECIDOS

Desde ELA, principal impulsor de la Norma Foral que garantiza la aplicación del Convenio de la Construcción de Gipuzkoa en las obras publicas de la Diputación Foral de este territorio, queremos criticar la decisión del Consejo Vasco de la Competencia (CVC) de impugnar dicha Norma Foral.

Concentración de ELA en JJGG de Gipuzkoa a favor de la Norma Foral.

Con esta actitud el Consejo Vasco de la Competencia se posiciona claramente del lado de aquellos que pretenden hacer negocio a cuenta de la explotación y la esclavitud de los trabajadores y trabajadoras.

La Norma Foral se ha establecido como una herramienta para erradicar de la Obra pública un mercado de trabajo que catalogamos como “esclavista”, y del que muchas empresas hacen negocio explotando hasta extremos inhumanos, con resultados incluso de muertes, a los trabajadores/as.

El debate social creado al respecto, ha obligado a posicionarse a diferentes agentes políticos. Más allá del resultado, el hecho de la existencia de la explotación en la Obra Pública, esta admitido por todos los agentes políticos.

Curiosamente, el único que no se ha posicionado al respecto, ni ha admitido el problema es la gran Patronal. Una Patronal que se lucra sin escrúpulos de esta situación, que es uno de los actores con mayor responsabilidad en este fraude social.

Quien si se ha posicionado e incluso ha activado un recurso contra la Norma Foral Gipuzkoana ha sido el Consejo Vasco de la Competencia, situándose del lado de los que se benefician del fraude, la gran Patronal. De las declaraciones realizadas por su presidenta, Pilar Canedo, no encontramos ningún argumento de peso para que este organismo se vea obligado a interponer un recurso.

Según sus propias palabras,

• “no ha habido reclamación de ninguna empresa”, en un sector en que cientos de empresas pujan por adjudicarse Obrá Pública en este momento.
• Habla de que “aplicar el convenio de la Construcción en su integridad puede contravenir la libre competencia”. A este respecto, el que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones laborales ante una adjudicación, es precisamente todo lo contrario.
• Compara la Norma Foral con una situación en Alemania que no se parece en nada a la Norma Foral.
• Plantea que no se puede dejar fuera a “ofertas inferiores al 10% de la media”, cuando en obras en las que tanto hay dinero público como el TAV, establece esta misma clausula en el 7%.

Tras la impugnación y la pobre argumentación que traslada, nos resulta vergonzoso que traslade frases como “no discutimos que se respeten condiciones mínimas en las obras”, o “no negamos la buena voluntad de esta Norma”.

Desde ELA vamos a seguir peleando a pie de obra y donde haga falta para erradicar el esclavismo en la construcción. En esta ocasión, pelearemos jurídica y sindicalmente contra esta nueva injusticia. Además de solicitar reuniones tanto con la propia Diputación de Gipuzkoa, como con los grupos políticos que apoyaron esta norma foral.

Un teléfono y un E-mail, para lavarse la cara

Un teléfono y un E-mail

Para lavarse la cara

 

 

LAB, CCOO, UGT eta DIPUTAZIOA



Gipuzkoako Diputazioak eta LAB, CCOO eta UGT Sindikatuek eraikuntzan gertatzen ari denaren salatzeko ardura, langileengan jartzen dute.


...Lotsagarria



La Diputación Foral De Gipuzkoa junto a los sindicatos LAB, CCOO y UGT han decidido que la “solución” al gravísimo problema que existe en las obras públicas sea el facilitar a los trabajadores un teléfono y un E-mail para que denuncien su situación.

Sinceramente, nos parece una frivolidad que haya quien crea a estas alturas que, a través de un teléfono y un E-mail, vaya a aflorar de forma efectiva el siniestro submundo de conculcaciones, incumplimientos y otras irregularidades habituales en este tipo de obras. En ELA, porque estamos a pie de obra, sabemos perfectamente lo que cuesta vencer el miedo del trabajador precario a contar lo que ve, siente y sufre. Sólo ante personas de su total confianza, a las que ve a diario comprometidas con su defensa, tiende a explayarse.

No caben pues atajos ni ocurrencias tipo “teléfono de la esperanza” al respecto. Con esta iniciativa se pretende diluir y traspasar las responsabilidades de control institucional a cualquier otro ente, método o persona que no sea uno mismo.

Todos los que han presentado esta iniciativa saben perfectamente lo que está ocurriendo en cada tajo y pasar la responsabilidad de la denuncia al trabajador dice mucho de quienes nos están gobernando, como lo están haciendo y de sus intereses.

 

ELA exige terminar con el "esclavismo" en la obra ública

ELA exige terminar ya con el «esclavismo» en la obra pública

ELA presentó ayer un informe que concluye con la necesidad de terminar con el «esclavismo» en las obras públicas para dar ejemplo. Para ello, la central cree que es necesario que la licitación de las obras no tenga como criterio único las obras más baratas, sino las condiciones de respeto a la legislación laboral en condiciones de trabajo y salario. Exige cláusulas adecuadas y sanciones ejemplares.

ELA Eraikuntzako Arduradunak

GARA 3/X/2013

ELA denunció ayer en Bilbo el «esclavismo avalado por las instituciones en la obra pública» y reclamó a las administraciones que se comprometan a introducir en todos los pliegos de condiciones de las adjudicaciones cláusulas que garanticen los convenios territoriales sin aplicación de la reforma laboral en todas las obras, incluidas las subcontratas.

Dejó a un lado a la Diputación de Gipuzkoa, porque ha aprobado una normativa específica, aunque la central sindical le pidió un seguimiento y control más preciso de las obras para evitar que los empresarios se salten la normativa «puntera». Desde 2010 a lo que llevamos de este año, «han fallecido por accidente laboral 40 personas en esas obras. Siete de ellas lo han sido en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV)».

 

Penalizaciones ejemplares

Luis Fernández, responsable de ELA del sector, añadió cuatro medidas: cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; establecimiento de «penalizaciones ejemplares» a las empresas incumplidoras; seguimiento de las empresas para conocer el cumplimiento; y «adjudicar las obras públicas con criterios que potencien la calidad y las condiciones sociales y de trabajo, lo contrario de lo que se hace en la actualidad, que solo se fija en criterios estrictamente económicos. Ahí está la raíz del problema», destacó.

Fernández estuvo acompañado por los responsables del sector en Bizkaia, Joxean Martín, en Araba, Roberto Segado, y el de Gipuzkoa, Igor San José, que ha mantenido un control estricto en las obras públicas.

Los cuatro pusieron cuatro ejemplos claros de dónde se están vulnerando todos estos derechos: las obras del campo de fútbol de San Mames Barria; el edificio Tabacalera, de Donostia, la Estación de Autobuses de Gasteiz y las obras del TAV, en donde la actividad de vigilancia de Igor San José ha propiciado diferentes actuaciones de los juzgados y de la Inspección de Trabajo, pese a que, como se quejó ayer, «el oscurantismo es total en esa obra».

Los representantes de ELA sostienen que «se ha extendido una lacra, que ya existía anteriormente a la crisis, como es la no aplicación de la legalidad más elemental ni de los convenios».

 

Jornadas interminables

Afirmaron que se pagan salarios entre 5 y 7 horas trabajadas, donde se incluyen todos los prorrateos de pagas y vacaciones. «Realizan jornadas interminables. No hay medidas de seguridad laboral y los ritmos de trabajo son extremos. Los casi 237.000 desempleados que tenemos en nuestro país son utilizados por las empresas como chantaje continuo bajo el mandato de `o haces lo que yo te diga o no vuelvas mañana'», denunciaron.

Esta realidad se produce en el conjunto del sector de la Construcción, pero ELA remarcó que «es más grave si se produce en obras que están pagadas con dinero público. La explotación y la falta de medidas de protección cobran un mayor alcance».

A juicio de Fernández, «en las obras públicas pasamos de la desidia a la irresponsabilidad de las instituciones que adjudican las obras. La situación es grave, y con resultados de esclavitud extrema que, en demasiados casos, acaban incluso con la muerte de trabajadores».

La central criticó que las adjudicaciones se realizan por «criterios mercantilistas» y, al final, pagan entre un 20% y un 50% menos de la licitación «sabiendo que ahí empieza la explotación de los trabajadores».

 

Más Noticias relacionadas:

ELA exige arbitrar sanciones ante el "esclavismo" extendido en las obras públicas (DIARIO VASCO)

 

Esclavismo en la obra pública

ELA denuncia el esclavismo avalado por las instituciones en la obra pública

Para poner fin a la falta de medidas de seguridad como consecuencia del incumplimento de los convenios colectivos, ELA exige sancionar ejemplarmente a las empresas que no lo hagan y hacer un escrupuloso seguimiento de lo anterior a pie de obra. En el período 2010-2013 han muerto 40 trabajadores/as en la obra pública en Hego Euskal Herria.

 

 

Representantes de ELA han denunciado hoy en Bilbao que "en estos últimos años, se ha extendido en las obras una lacra que ya existía anteriormente a la crisis: la no aplicación de la legalidad más elemental, y la no aplicación de los convenios colectivos en particular". En la rueda de prensa han participado el secretario general adjunto, Luis Fernandez, y los responsables del sector en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, Igor San José, Joxean Marin y Roberto Salgado.

Han explicado que salarios de entre 5 y 7 € la hora trabajada, jornadas interminables, inexistencia de medidas de seguridad y salud laboral, ritmos extremos, y un largo etcétera constituyen el día a día de los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Los 237.000 desempleados que hoy tenemos en nuestro pais, son utilizados por las empresas como chantaje continuo bajo el “haces lo que yo diga o no vuelvas mañana”.

Está situación grave de por sí independientemente de la obra que se ejecute, cobra otra dimensión cuando estamos hablando de obras ejecutadas con dinero público. En las primeras, la desidia de la Inspección de Trabajo es palpable solo con entrar en cualquier obra. "En las obras públicas pasamos de la desidia a la irresponsabilidad de las instituciones que adjudican las obras. La situación es más grave, y con resultados de esclavitud extrema que, en demasiados casos, acaban incluso con la muerte de trabajadores".

En su opinión el esquema se repite:

• Sale a concurso público una obra concreta por parte de la administración responsable. La cuantía de licitación viene fijada tras un análisis técnico
• A partir de ahí, comienza la macabra subasta. Las empresas, normalmente configuradas como Uniones Temporales de Empresas (UTE), comienzan la puja.
• La institución competente adjudica la obra con diferentes criterios, en el que el económico es pieza fundamental.
• La obra es adjudicada por precios que suponen el 20, 30 y hasta 50% de reducción sobre la licitación.
• A partir de ahí, comienza la explotación. Trabajadores subcontratados, atemorizados y con mucha necesidad de trabajar, deben aceptar condiciones de esclavismo. Los plazos de ejecución deben cumplirse porqué hay que inaugurar tal o cual carretera, edificio o estadio de fútbol, en una fecha concreta en la que la foto del político de turno encaje.
• La institución competente alardea de haber adjudicado la obra por menos de lo esperado, con el ahorro correspondiente para las arcas públicas. La connivencia es total entre instituciones y empresas. Todos saben lo que pasa. Todos conocen la extrema precariedad de empleo que se genera con dinero público.
• Eso si, cuanto fallece un trabajador, todos expresan su dolor.

En los últimos tiempos, tenemos muchos casos cortados por el mismo patrón y han citado cuatro ejemplos:

 

San Mames Barria

Edificio Tabacalera de Donosti

Estación de Autobuses de Gasteiz

Tren de Alta Velocidad

Ante todo esto, desde ELA lleva años intentando denunciar y solucionar cada situación en particular. Hace ya más de un año, registramos en las Juntas Generales de cada territorio histórico un documento para erradicar esta “ruleta rusa”. En este sentido, han subrayado que "la solución pasa por introducir en los pliegos de condiciones la obligatoriedad de cumplir con los convenios colectivos y el resto de la legislación vigente; sancionar ejemplarmente a las empresas que no lo hagan; hacer un escrupuloso seguimiento de lo anterior a pie de obra.

Para ELA esto es incompatible con adjudicar las obras a precio de saldo. La rebaja de los precios de adjudicación es directamente proporcional a todo tipo de incumplimientos.

Han explicado que se ha dirigido a las tres diputaciones para buscar una solución a este grave problema. Mientras que desde las diputaciones de Bizkaia y Araba no ha habido contestación, la Diputación de Gipuzkoa ha contestado positivamente.Tras algunos meses de debate, el 9 de julio se aprobó una Norma Foral con votos favorables de Bildu, Aralar y PSE, cuya filosofía y texto recoge muchas de nuestras peticiones, y que valoramos positivamente. El problema está en el nulo o insuficiente seguimiento de las obras.

Para ELA los accidentes laborales son consecuencia de estas políticas. Los datos de siniestralidad en Obra Pública no se desglosan para su cómputo. Para muestra de la precariedad existente en la Construcción, aportan un dato. Los accidentes mortales en todo el sector son la dramática punta del iceberg de un problema mucho más global.

PERIODO	MUERTES EN ACCIDENTE LABORAL
2010-2013	40 PERSONAS

ELA insta a las administraciones a que se comprometan a introducir en todos los pliegos de condiciones en las adjudicaciones de Obra Pública cláusulas que garanticen el cumplimiento de los Convenios Territoriales sin aplicación de la Reforma Laboral, en toda la obra, incluidas las subcontratas. De la misma manera que se recoja un compromiso en los mismos a que se cumpla el resto de la Legislación y en especial la normativa de Prevención y Riesgos Laborales.

Asimismo, exige que se establezcan penalizaciones ejemplares a las empresas que incumplan estos preceptos y los mecanismos necesarios para el seguimiento y cumplimiento de éstas cláusulas a pie de obra.

Por último, señala que se adjudiquen las Obras Públicas con criterios que potencien la calidad y las condiciones sociales y de trabajo, y no por criterios estrictamente económicos, autentica raíz del problema.

La Diputacion tiene "más que sospechas" de que en sus obras se incumplió el convenio

La Diputación tiene "más que sospechas" de que en sus obras se incumplió el convenio

Esperará al cierre de la investigación para determinar si multa a la ute lapatza

Niega que el precio a la baja de la obra esté en el origen del accidente mortal de Antzuola

 

Larraitz Ugarte

Noticias de Gipuzkoa (28/IX/2013)

Compungida y afectada por la muerte del trabajador de 33 años en las obras de la GI-632 en el tramo Antzuola-Bergara, la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, compareció ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa a petición propia para arrojar algo de luz sobre el controvertido accidente mortal que la semana pasada se cobró la vida de un joven guipuzcoano en una obra pública y desencadenó en un enfrentamiento entre la Diputación y el sindicato ELA. Una semana antes del siniestro, esta central había denunciado ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento del convenio que fija las condiciones sociolaborales a aplicar a todos los trabajadores de dicha obra.

La titular del departamento de carreteras, apoyada por el director de su área de Infraestructuras, Joseba Altube, aseguró basarse en "razones objetivas" para haber retirado de forma cautelar de las obras a la empresa Aballa SL, a la que pertenecía el trabajador fallecido. Según dijo, esta decisión se basa en que la Diputación, tras "los testimonios recogidos" y el contraste de cierta información con los investigadores, tiene "más que sospechas" de que se estaba incumpliendo el convenio y que la maquinaria de esta compañía presentaba ciertas irregularidades.

También pidió prudencia y quiso respetar los plazos hasta que Osalan, la Ertzaintza y la Inspección de Trabajo cierren la investigación y emitan el informe con las conclusiones, lo que ocurrirá dentro de "cuatro o cinco semanas". Entre tanto, "no se pueden determinar las causas del accidente", zanjó.

Será entonces cuando la Diputación decidirá si procede la imposición de multas a la UTE Lapatza (formada por las constructoras guipuzcoanas Moyua y Antzibar), responsable en última instancia de los incumplimientos que se produzcan en esta obra, aunque la causante sea una subcontrata.

Precisamente, el contrato firmado entre Diputación y la UTE permite a la Administración imponer sanciones de hasta el 10% del total del valor del contrato, lo que podría conllevar una sanción de cuatro millones de euros, e incluso la apertura de un nuevo proceso de adjudicación.

La Diputación evitó el rifirrafe esta vez y dejó de lado la polémica que durante la semana pasada enfrentó al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, con el sindicato ELA, después de que el primero, en una radio púbica, acusase a la central sindical de conocer que en esta obra se estaban incumpliendo las condiciones laborales plasmadas en un contrato y no informar de ello a la Diputación. Ello desencadenó la respuesta del sindicato y la reiteración de su denuncia, al considerar que es la "excesiva baja en el precio" de la adjudicación por parte de la Administración lo que está en el origen del incumplimiento y la "precariedad".

Ugarte negó, por su parte, que la baja del 37% en la adjudicación del contrato sobre el precio de licitación tenga "nada que ver" con el accidente mortal del pasado día 18 y separó la denuncia que ELA había presentado por incumplimiento del convenio, de los hechos que desencadenaron el accidente.

La diputada recalcó que en ningún caso la denuncia de ELA se refirió a la subcontrata Aballa SL, sino a la UTE Lapatza, que fue la que la subcontrató; y que el expediente no se refería a las medidas de seguridad, sino a las condiciones laborales.

Comisión de seguimiento
ELA, por su parte, insiste en que la "raíz" del problema está en las adjudicaciones a la baja que se producen en este tipo de concursos públicos y por ello se niega a participar en la comisión de seguimiento que la Diputación ha puesto en marcha para valorar el cumplimiento del convenio en estas obras y en la que participan los sindicatos LAB, CCOO y UGT. Entre las tres suman cerca de un 46% de la representación del sector, frente al casi 54% de ELA.

Esta central remitió un escrito al Departamento de Infraestructuras, el pasado miércoles, reafirmándose en que no participará en una comisión que nace "viciada" por "no reconocer la raíz del problema", que en su opinión son las bajas excesivas con las que se adjudican estos contratos; y pidió que se resuelva el contrato y se proceda a una nueva adjudicación.

Altube, por su parte, precisó que técnicos de la compañía Volvo, fabricante del camión siniestrado, revisaron el jueves el vehículo accidentado para ver si, tal y como denuncian trabajadores y sindicatos, este estaba "en mal estado". Según esta versión, ello había provocado que otro trabajador se negase a conducirlo dos días antes del accidente y que otros lo retirasen momentáneamente del servicio horas antes del accidente mortal.

En un ambiente de duelo generalizado, el PNV pidió que se dote a la dirección de obra de mayores recursos para mejorar la coordinación de todos los agentes, técnicos y empresas que participan en una "obra de esta envergadura". Obras, dijo Ain-tzane Oiarbide, que conllevan "grandes riesgos", agravados, en parte, por la "orografía guipuzcoana", que hace que camiones de 70 toneladas tengan que circular cargados por pendientes muy pronunciadas y a menudo con el problema añadido de las condiciones climáticas.

Altube precisó que dos días antes del siniestro, precisamente, las labores de movimiento de tierras en las que participaba Aballa y que estaban a punto de terminar, se pararon por la lluvia, el día 16; que fueron retomadas el 17 por la tarde y que el día 18, en el turno de mañana, a las 8.10 se produjo el accidente.

Por su parte, Bildu, en palabras de Inko Iriarte, pidió "ejemplaridad" a la Diputación y reclamó que no le tiemble el pulso a la hora de sancionar a las empresas si la investigación así lo avala, ya que "es obvio que, de una manera u otra, las medidas de seguridad no se han cumplido".